En Bolivia solemos hablar de autonomía, descentralización, participación popular y control social como si fueran piezas decorativas de la democracia. Palabras que usamos con mayor frecuencia cuando estamos cerca de las elecciones; pero que, en la realidad no las entendemos en su verdadera dimensión. Confundimos frecuentemente autonomía, que es la libertad que tiene un municipio para tomar decisiones propias dentro del marco estricto de la ley, con libertinaje, que no es otra cosa que “hacer lo que al alcalde le dé la gana”, sin límites, sin respeto por las normas ni por el ciudadano de a pie.
Estas herramientas solo funcionan cuando están correctamente vinculadas a la gestión municipal concreta. Un ejemplo claro y uno de los avances administrativos más relevantes que he visto en mi vida profesional, es la descentralización del POA a través de la creación de macrodistritos; entendidos como la unión de varios distritos contiguos que comparten coherencia territorial, identidad socioeconómica, afinidades político-administrativas y problemáticas de gestión comunes.
El POA vecinal no es un documento más. Es un mecanismo que permite a los barrios decidir directamente qué obras se ejecutarán con los recursos que les corresponden. Aunque los montos iniciales sean modestos, el impacto es profundo: los vecinos dejan de ser simples receptores de obras y se convierten en actores reales de la gestión municipal. Se rompe con la lógica de la prebenda, del clientelismo y del “favor” político y se empieza a construir ciudadanía.
El POA vecinal ordena la demanda barrial y la canaliza hacia un proceso estructurado de planificación. La función de la autoridad electa; más aún ahora, cuando más de una decena de aspirantes pretende conducir los destinos de nuestra amada Santa Cruz de la Sierra, no es ofrecer ni repartir obras a discreción; sino actuar como un facilitador e intérprete de las necesidades vecinales. Desde una lógica de planificación técnica, le corresponde ayudar al vecino a establecer las prioridades de esa demanda vecinal; lo urgente, lo esencial y lo verdaderamente necesario. No se trata de entregar listas interminables de pedidos ni de depender del “dedo” de una autoridad. Priorizar es gobernar y gobernar es responder a las verdaderas necesidades del ciudadano.
Santa Cruz de la Sierra, con más de 600 barrios y 15 distritos extensos y territorialmente dispersos, sometida a una presión urbanística explosiva, necesita con urgencia un mecanismo de planificación de estas características. No es razonable que una ciudad tan grande y dinámica continúe funcionando bajo una lógica centralista, donde todo se decide desde el despacho del alcalde como si se tratara de una recompensa política según la votación obtenida. La obra pública no es un obsequio ni un capricho: es un derecho adquirido por el simple hecho de vivir y pagar sus impuestos en esta bella ciudad.
La clave del POA vecinal es que obliga al municipio a transparentar información técnica y ponerla al servicio del ciudadano. Los vecinos no pueden decidir responsablemente si desconocen riesgos, costos, limitaciones y alternativas. Una participación vecinal seria necesita datos serios. Cuando el municipio explica, por ejemplo, por qué una canalización es prioritaria frente a un pavimento, y sustenta esta decisión con criterios técnicos claros, el vecino comprende, acompaña y decide pensando no solo en su barrio, sino en su distrito y por último en su ciudad.
Además, el POA vecinal fortalece la corresponsabilidad. Cuando un barrio decide su obra, también se convierte en fiscalizador natural. El vecino vigila, reclama y exige calidad. Por lo general, una obra decidida de forma técnica y participativa es una obra mejor ejecutada; mejor cuidada y socialmente aceptada. Así, se fortalece el famoso control social, una figura que hasta ahora ha estado muy lejos de cumplir el rol para el que fue creada.
Es importante aclararlo: la participación vecinal no significa que el municipio renuncie a la visión técnica. Todo lo contrario. Significa que la técnica se abre a la ciudadanía para que esta tome decisiones informadas. Significa consolidar un vínculo sano entre gobernantes y gobernados. Significa dejar atrás una ciudad administrada desde arriba para empezar construir una ciudad pensada desde abajo.
No obstante, persisten resistencias políticas. Algunos temen perder control; otros, protagonismo. La participación real incomoda al político acostumbrado al cálculo electoral. Pero es indispensable. Ninguna ciudad puede prosperar mientras sus decisiones sigan concentradas en unos pocos.
El POA vecinal demuestra que cuando los ciudadanos conocen sus necesidades y participan en su priorización, la gestión municipal se vuelve más eficiente, más transparente y más sostenible. Por eso, implementarlo en Santa Cruz no es una opción: es una obligación histórica.
Para que el POA vecinal funcione y se sostenga en el tiempo, debe estar respaldado por reglas claras, cronogramas públicos y criterios técnicos obligatorios, que no dependan de la voluntad del alcalde de turno, sino de una política municipal institucionalizada. El desafío de las próximas gestiones no será prometer más obras, sino gobernar mejor: con planificación, participación y decisiones compartidas.
Una ciudad grande necesita una ciudadanía grande. Y una ciudadanía grande se construye otorgándole herramientas reales de decisión. Eso es, precisamente, lo que no podemos callar.
(*) El autor es ingeniero civil y abogado