E l Tribunal Supremo Electoral declaró procedente el recurso extraordinario presentado por Creemos, mediante el cual los asambleístas Antonio Talamás y Keila García perderían sus curules en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Ambos denunciaron que detrás de esta resolución estaría el gobernador Luis Fernando Camacho, en una supuesta represalia por las labores de fiscalización que realizaron durante su ausencia.
Los cruceños ya estamos familiarizados con este tipo de enredo jurídico. No es distinto a lo ocurrido en el Concejo Municipal, cuando la UCS del alcalde Jhonny Fernández empleó un recurso similar para arrebatar los curules a los disidentes de su bancada. Aquella disputa terminó paralizando por completo el funcionamiento del Concejo, con un perjuicio evidente para la ciudad.
Hoy, la Gobernación parece encaminada hacia un deterioro aún mayor de su ya frágil gobernanza interna. La institucionalidad quedó debilitada desde que Camacho fuera encarcelado y el vicegobernador Mario Aguilera asumiera de manera interina. La ruptura entre ambos líderes se trasladó a la bancada oficialista y generó un conflicto que ahora resurge con la figura del supuesto transfugio político contra quienes respaldaron el interinato.
Determinar quién tiene la razón en estos casos requiere un análisis jurídico profundo y corresponde a las instancias competentes. Pero lo que sí se percibe con claridad es que el ordenamiento jurídico del país se convierte en un terreno fértil para socavar la credibilidad de todas las instituciones involucradas.
El propio TSE alimenta estas dudas. La resolución fue aprobada con la participación del presidente interino y tres vocales, mientras otros tres estuvieron ausentes. Además, la decisión revierte un fallo previo del Tribunal Electoral Departamental, lo que despierta suspicacias sobre el funcionamiento interno del Órgano Electoral y sobre la coherencia de sus criterios.
Conviene, entonces, ir a la raíz del problema. El concepto de transfugio político nació para impedir que un representante traicione el mandato popular, altere la correlación de fuerzas o cambie de bancada de manera oportunista. En Bolivia, sin embargo, su aplicación se ha distorsionado hasta convertirse en un instrumento para disciplinar o castigar a quienes, desde el propio partido, ejercen fiscalización o discrepan de decisiones del poder ejecutivo.
El dilema central es que la legislación no define con claridad cuándo una acción crítica constituye transfugio. La ambigüedad genera un amplio margen de interpretación en el que cualquier acto de fiscalización, voto crítico o cuestionamiento público puede ser interpretado como ruptura de “lealtad partidaria”.
En el caso de la Gobernación, las denuncias de Talamás y García merecen una aclaración pública. No son cuestiones menores: apuntan a temas presupuestarios y a recientes designaciones, asuntos que impactan directamente en la administración departamental. Todo indica que este nuevo conflicto interno corre el riesgo de volverse crónico. Esto significará más paralización institucional, pérdida de gobernabilidad, e incapacidad de ejecución.
En momentos en que las nuevas autoridades nacionales se proponen reformar el Estado, es imprescindible revisar la figura del transfugio político. Tal como se aplica hoy rompe el equilibrio democrático entre la representación partidaria y la libertad deliberativa. Es momento buscar de mayor transparencia.
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