Los cálculos para las tarifas de transporte público que calculan los transportistas y que repiten los funcionarios municipales están obviamente incrementados por dos factores: la marcada ineficiencia y el desorden y la pésima planificación en las formas como se presta el servicio. Simples medidas de reorganización del sistema podrían aportar notables disminuciones en el costo operativo y por tanto en las tarifas. Veamos algunos casos:
Como el servicio está basado en el lucro individual, el chofer no para cada 400 metros, como dice la norma; para donde el pasajero se lo pida, deteniendo el vehículo dos y hasta tres veces más de lo que lo haría respetando las reglas. ¿Resultado? Incremento de costos en frenos, embrague, caja y combustible.
Otro caso: como las rutas no son racionales sino duplicadas, sobrepuestas y creadas en abierta competencia una con otra y pensadas solo en como “recoger más pavos”, entonces la cantidad de pasajeros por vehículo disminuye enormemente, lo cual incide de manera definitiva en el costo del boleto.
Insistir también en el tamaño pequeño de los vehículos significa más costos de operación: un bus más grande lleva muchos más pasajeros que uno pequeño, sin incrementar costos en la misma proporción. Eso vale sobre todo para las vías troncales, ya saturadas.
El sistema BRT de carriles exclusivos y buses grandes en vías troncales es otro sistema con el cual se bajan las tarifas, pues la velocidad del servicio se duplica, bajando así el cálculo del boleto.
Hay más factores para demostrar que para el cálculo de las tarifas no basta pedir facturas de los repuestos ni calcular pasajeros por micro. Si no se racionaliza y se hace más eficiente y mejor organizado el servicio, las tarifas subirán siempre más, simplemente por intereses y/o flojera de no querer aceptar que los costos del servicio son altos sobre todo porque es un servicio ineficiente, mal organizado y, por tanto, un verdadero robo al pasajero.
La única solución es empezar de cero, organizar un pliego con todos los detalles del transporte que se quiere y licitar el servicio para conceder una concesión a una empresa o cooperativa, como se ha hecho para los residuos sólidos. Si los actuales prestadores del servicio están en buena fe, se deberían organizar y presentarse a la licitación, organizados de una manera más formal y seria, y no como esa constelación de sindicatos y asociaciones que no dan ninguna garantía para prestar un servicio tan complejo como el transporte público.
¿Qué dicen los candidatos? ¿se animarán? No creo…
* Fernando Prado es urbanista