Un verificativo de la Defensoría del Pueblo reveló incrementos “unilaterales, generalizados y desproporcionados” en las tarifas del transporte interdepartamental, interprovincial y urbano en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como efecto inmediato de las modificaciones al precio de los carburantes dispuestas por el Decreto Supremo 5503.
El informe advierte que, en varias rutas, los pasajes se duplicaron e incluso se triplicaron, sin respaldo en tarifas oficiales ni controles efectivos del Estado.
El operativo defensorial, realizado el 19 de diciembre, constató que los aumentos golpean con mayor fuerza a los servicios más utilizados por la población —buses normales, semi cama y transporte urbano—, encareciendo de forma directa el costo de vida. “Los incrementos observados superan ampliamente cualquier ajuste razonable por inflación o variación de costos operativos”, señala la Defensoría en su boletín difundido este martes, y agrega que se trata de un impacto “regresivo”, que recae sobre los sectores populares y de ingresos medios.
En Cochabamba, el informe documenta alzas particularmente severas. En la ruta Cochabamba–Oruro, el pasaje en bus normal pasó de Bs 31 a Bs 80 (158%), el semi cama de Bs 40 a Bs 100 (150%) y el bus cama de Bs 68 a Bs 130 (91%). En trayectos de mayor distancia, como Cochabamba–La Paz y Cochabamba–Santa Cruz, los incrementos superaron el 80%. En el transporte interprovincial hacia el trópico, el pasaje a Villa Tunari subió de Bs 30 a Bs 70 (133%), mientras que en el transporte urbano del Cercado el pasaje se elevó de Bs 2,50 a Bs 4 (60%).
Santa Cruz de la Sierra muestra un escenario similar o incluso más grave. En la ruta Santa Cruz–Trinidad, el bus normal subió de Bs 62 a Bs 134 (116%) y el semi cama de Bs 91 a Bs 270 (197%). En el tramo Santa Cruz–Cochabamba, el semi cama pasó de Bs 102 a Bs 300 (194%) y el bus cama de Bs 145 a Bs 300 (107%). Hacia La Paz, los aumentos oscilaron entre el 56% y el 59%. Para la Defensoría, estos valores “no corresponden a tarifas oficiales, sino a precios fijados de manera especulativa, aprovechando la incertidumbre y la falta de claridad sobre la política tarifaria vigente”.
En La Paz, el verificativo no pudo levantar datos completos del transporte interdepartamental e interprovincial debido a las restricciones de salidas en la Terminal de Buses, los bloqueos en El Alto y el paro del transporte urbano iniciado la madrugada del 19 de diciembre. Aun así, la institución advierte que la ausencia de información oficial y de controles agrava el escenario de indefensión para los usuarios.
La Defensoría cuestiona la reacción tardía de las autoridades y exhorta a una intervención inmediata. “Es imprescindible garantizar transparencia, regulación efectiva y el respeto al derecho a la circulación”, remarca el boletín, al tiempo de advertir que, sin medidas correctivas, el ajuste de tarifas terminará trasladando el costo del DS 5503 directamente a los bolsillos de la población. Para el ente defensorial, el problema ya no es solo económico, sino de derechos: la falta de control estatal está permitiendo que el transporte se convierta en un factor adicional de presión sobre hogares ya afectados por la inflación y la incertidumbre.