La decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de suprimir el Ministerio de Justicia y trasladar sus reparticiones al Ministerio de la Presidencia constituye uno de los movimientos institucionales más relevantes de los últimos años. El objetivo declarado es corregir los excesos cometidos durante los gobiernos del MAS, que vulneraron la independencia del Poder Judicial, debilitaron instituciones clave del sistema de justicia e incluso utilizaron algunas de ellas para la persecución política.
Estas reparticiones creadas por el masismo pretendían erigirse en baluartes de la transparencia, la seguridad jurídica, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la defensa de las víctimas. Sin embargo, Bolivia no registró avances significativos en ninguno de estos ámbitos, en comparación con otros países de la región. Aún menos rescatables son los resultados de conceptos grandilocuentes como la “descolonización” y la “despatriarcalización”, que terminaron siendo herramientas de justificación ideológica más que políticas públicas efectivas.
El cambio impulsado por el nuevo Gobierno apunta a corregir esas distorsiones. Pero una reestructuración de tal magnitud solo será coherente si se sustenta en principios esenciales: separación funcional entre instancias, autonomía institucional que impida la subordinación al poder político, transparencia, despolitización en el nombramiento de autoridades clave y un compromiso real con la protección de los grupos vulnerables. El Ministerio de la Presidencia no puede limitarse a heredar las funciones del extinto Ministerio de Justicia sin introducir transformaciones profundas.
Bolivia arrastra un rezago histórico en independencia judicial, profesionalización de cargos, acceso a la justicia y resguardo de derechos fundamentales. Informes nacionales e internacionales han reiterado la urgencia de reformas integrales que reduzcan la injerencia política en la administración de justicia y fortalezcan la capacidad institucional del Estado. Una reconfiguración que ignore estas recomendaciones corre el riesgo de reproducir los mismos vicios que se busca corregir.
La transferencia de dependencias sensibles —como la Defensa Pública, el Servicio de Atención a Víctimas, el Notariado y el Registro Público de la Abogacía— exige una alerta temprana. Sin garantías de autonomía técnica y presupuestaria, la concentración administrativa podría derivar en mayor control político sobre instituciones que deben operar con independencia frente a cualquier gobierno.
Asimismo, es recomendable que la transferencia venga acompañada de proyectos de ley que definan con claridad el nuevo régimen jurídico de cada entidad y que estos sean debatidos de manera pública en la Asamblea Legislativa y con la participación de la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales y las organizaciones de derechos humanos. Este proceso permitiría evitar decisiones administrativas opacas y fortalecer la legitimidad de la reestructuración.
El Ejecutivo tiene ahora una oportunidad excepcional: convertir esta reforma administrativa en el inicio de una transformación real del sistema de justicia. Pero esa oportunidad se diluirá si la transición se ejecuta sin debate, sin auditoría externas, sin criterios meritocráticos en las designaciones, sin controles y sin normas que garanticen independencia.
La ciudadanía merece instituciones que no solo cambien de dependencia o de rótulo ministerial, sino de lógica: del control político a la garantía efectiva de derechos.