El inicio de la época de lluvias volvió a desnudar un drama que ya es cíclico y que, sin embargo, sorprende como si fuera la primera vez. En Samaipata, donde la riada arrasó la comunidad de Achira, todavía se busca a Ramona y Verónica. Tres días de trabajo incesante, entre guardaparques, personal de la Gobernación, brigadas médicas y vecinos, no han sido suficientes para hallarlas. El lodo, la palizada y los caminos destruidos hablan de un desastre que no solo dejó heridos y viviendas destrozadas, sino también un golpe emocional profundo en una comunidad que vio cómo adultos mayores que vivían solos sobrevivieron de milagro. La naturaleza no perdona, y esta vez volvió a recordarlo con una fuerza devastadora.
La emergencia en Samaipata es también un símbolo del abandono institucional. El propio alcalde reconoce que hay 23 comunidades sin agua, maquinaria paralizada por falta de combustible y caminos interrumpidos. El municipio se declaró en desastre, y el presidente Rodrigo Paz llegó con un apoyo de 380 mil dólares destinado solo a ayuda humanitaria. Pero esa cifra, aunque bienvenida, no alcanza para explicar por qué el país repite cada año la misma escena: autoridades que improvisan, comunidades aisladas, familias enteras que pierden en minutos lo que construyeron durante décadas. ¿Por qué Bolivia debe pedir siempre ayuda internacional cuando las lluvias golpean? ¿Dónde están los recursos que durante años debieron formar la base de un sistema sólido de prevención y respuesta?
La respuesta está a la vista: en un país que gastó fortunas en fábricas inservibles, canchas de fútbol, elefantes blancos y proyectos sin impacto, hoy faltan cuarteles de bomberos, helicópteros, vehículos de rescate, sistemas de alerta temprana y equipos de Defensa Civil. El MAS gobernó durante casi dos décadas con la promesa de industrialización y bienestar, pero lo que la realidad muestra es otra cosa: ausencia de planificación, improvisación permanente y prioridades equivocadas. La fragilidad institucional es tal que un gasoducto roto en Cuevas puede aislar comunidades enteras y dejar 200 litros de diésel como único recurso para maquinaria en plena emergencia.
El panorama se repite en el trópico de Cochabamba, donde 2.750 hectáreas de banana, piña, palmito, yuca, cacao y arroz están anegadas. Los productores no pueden ingresar a sus parcelas porque los accesos están cubiertos de lodo; se requieren sobrevuelos para dimensionar daños y se teme por enfermedades, mosquitos y pérdidas irreparables. Y mientras Senamhi advierte nuevas lluvias, las familias campesinas observan cómo el agua arrastra no solo cultivos, sino ingresos y estabilidad.
En La Asunta, en los Yungas paceños, 50 familias quedaron dañadas por mazamorras que arrasaron viviendas, unidades educativas y calles. Hay comunidades aisladas, clases suspendidas y hogares enteros cubiertos de lodo. Otra vez se pide ayuda; otra vez las instituciones responden con manos vacías.
El cambio climático agrava los eventos, pero la negligencia histórica los convierte en tragedias. La naturaleza golpea, sí, pero lo hace con más fuerza cuando encuentra un Estado débil, desmantelado y distraído. Bolivia necesita reconstruir su capacidad de respuesta, asumir que los desastres ya no son excepciones sino parte del calendario, y dejar atrás la era de obras inútiles.
La lluvia apenas comienza; ojalá también empiece una nueva forma de gobernar. Porque este país no puede seguir viviendo entre la resignación y el milagro. No podemos depender de la buena voluntad de los vecinos ni del heroísmo improvisado. Bolivia merece instituciones listas para actuar, no para lamentarse.