Campeones en corrupción. El World Justice Project (WJP), una organización civil dedicada a promover el Estado de derecho en todo el mundo, ha calificado a Bolivia como el país más corrupto de Latinoamérica y el Caribe. Un puesto triste y vergonzoso en el podio de la deshonra. Pero no es una noticia nueva: históricamente, el país lleva años ocupando los lugares de mayor descrédito en los informes anuales de Transparencia Internacional. El hecho se repite tanto que ha dejado de ser noticia para convertirse en un dato de rutina.
Debut mediático de la ministra de Justicia. Jessica Saravia ofreció su primera conferencia de prensa para rechazar el informe del World Justice Project. La ministra aseguró que se desconoce la metodología del estudio y, en contraste, destacó que Bolivia “tramita más de 900 causas de corrupción”. Una respuesta de manual, pero nada convincente. Desde 2020, los ministros del presidente Luis Arce han intentado tapar el sol con un dedo, alegando que los informes económicos, políticos y sociales sobre Bolivia no se ajustaban a la realidad. Pero el tiempo no les dio la razón. En absoluto.
De muestra, basta un botón… o cinco. Ahí está el emblemático caso “Consorcio”, que evidenció la podredumbre del sistema judicial y de varios de sus operadores. Un ministro, vocales y jueces fueron acusados de conspirar para afectar al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Más oscuro? Difícil. A ello se suman al menos seis casos de ministros que dejaron sus cargos en medio de escandalosas denuncias de corrupción. Los datos están ahí, una y otra vez. Lo que falta es voluntad real para actuar.