Las subvenciones que desangran al Estado. El país encara, una vez más, el límite de su propio espejismo fiscal. La pelea por el pan de batalla —un alimento que hoy cuesta 50 centavos gracias a una subvención que supera los Bs 1.000 millones al año— amenaza con convertirse en la madre de las batallas. Mientras panificadores y Gobierno discuten quién tiene razón, el dato incómodo es otro: Bolivia lleva más de una década sosteniendo precios artificiales que ya no puede financiar sin comprometer su propia estabilidad.
La subvención a los hidrocarburos es el ejemplo perfecto de esa carga estructural. Mantener congelada la gasolina ha costado miles de millones de dólares y ha distorsionado por completo el mercado energético, desincentivando inversiones, agudizando el contrabando y erosionando las reservas fiscales. Todos coinciden en que el debate es inevitable; nadie quiere cargar con el costo político de abrirlo.
A esa lista se suman los casos urbanos que se volvieron intocables: el teleférico de La Paz, con tarifas que no cubren su operación real, y los PumaKatari, cuya boletería jamás financiará el servicio. Son proyectos valiosos y necesarios, pero sostenidos con subsidios que ningún municipio podría asumir sin asistencia estatal. La línea entre garantizar un derecho y perpetuar un desequilibrio se vuelve cada vez más delgada.
Es aquí donde aparece la pregunta incómoda que ningún gobierno quiere formular: ¿cuándo una subvención es socialmente justa y cuándo se convierte en una burbuja económica lista para estallar? Bolivia tiene por delante ese debate urgente.