En los últimos años, la población boliviana ha atravesado una etapa particularmente compleja, marcada por un deterioro económico heredado de gestiones anteriores que no supieron capitalizar de manera sostenible los periodos de bonanza registrados en la primera década del presente milenio.
Quienes vivimos la hiperinflación de comienzos de los años 80, sabemos que superar una crisis profunda exige decisiones firmes y reformas estructurales, orientadas a restablecer la estabilidad y reencauzar el crecimiento. En ese contexto, el entonces presidente Víctor Paz impulsó el Decreto 21060, una medida de amplio alcance que marcó un punto de inflexión en la historia económica del país.
Hoy, nuevamente Bolivia enfrenta la necesidad de adoptar decisiones valientes. El presidente Rodrigo Paz asumió el desafío con el Decreto 5503, posteriormente derogado debido a presiones sociales. Luego se promulgó el Decreto 5516, que mantiene la esencia de la norma anterior, con medidas de austeridad, como la eliminación de subsidios a los combustibles y el congelamiento de salarios en el sector público. Al igual que ocurrió décadas atrás, estas decisiones se convierten en hitos en el proceso de estabilización económica y en la prevención de un deterioro aún mayor.
Este proceso implica costos y desafíos, en especial para las familias de menores ingresos. Consciente de ello, en estos decretos, se incorporó disposiciones de carácter social orientadas a mitigar el impacto del ajuste sobre los sectores más vulnerables. A diferencia de las reformas estructurales del pasado, el enfoque actual busca una transición más equilibrada y con mayor sensibilidad social.
En paralelo, el sector energético ha perdido protagonismo en la economía nacional durante las últimas décadas. La disminución de las reservas de gas natural, resultado de una insuficiente inversión en exploración y explotación, redujo significativamente las exportaciones y generó el riesgo real de que, en el mediano plazo, Bolivia pase a convertirse en importador de este recurso estratégico.
Este escenario adquiere mayor relevancia si se considera que aproximadamente el 70% de la generación eléctrica nacional depende del gas natural. Si bien en los últimos años se han logrado avances en la diversificación de la matriz energética, con una mayor participación de la hidroelectricidad (25%) y, en menor proporción, de fuentes solares y eólicas (7%), el desafío estructural persiste.
En este contexto, el sector energético enfrenta dos grandes retos estratégicos:
1. Reponer las reservas de gas natural, garantizando el abastecimiento interno, y posteriormente, la generación de excedentes exportables.
2. Incrementar de manera sostenida y competitiva la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional.
Las empresas estratégicas del Estado, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), tienen una responsabilidad histórica en la conducción de este proceso. La reestructuración institucional, el énfasis en la eficiencia operativa y el fortalecimiento técnico y profesional que se impulsan actualmente constituyen pasos fundamentales para enfrentar con solvencia estos desafíos y garantizar el desarrollo energético que Bolivia requiere para asegurar su crecimiento y bienestar en el largo plazo.