El fin del Carnaval en Bolivia suele marcar también un despertar colectivo a la realidad. Quedan atrás las fiestas y las fantasías para dar paso a las responsabilidades, expectativas y desafíos que se desplegarán a lo largo del año. Esta vez, la transición coincidió con la culminación de los primeros 100 días de gobierno del presidente Rodrigo Paz, un hito que pone fin a la luna de miel y abre el tiempo de la exigencia de resultados en lo económico, político y social.
El balance inicial puede considerarse positivo. La población asumió que el descalabro heredado de la era del MAS exigía medidas traumáticas pero necesarias, como la eliminación del subsidio a los combustibles. El gobierno de Paz se atrevió a aplicarla, tras disipar protestas sectoriales y otorgar bonos compensatorios, y la ciudadanía terminó aceptándola. El resultado tangible fue la desaparición de las colas por combustible y la estabilización del tipo de cambio paralelo del dólar.
También merece destacarse el estilo conciliador del presidente y su apertura hacia el mundo, tal como lo prometió en campaña. Su intensa gestión ante organismos internacionales y diversos países ha devuelto a Bolivia cierta cuota de confianza, financiamiento oportuno y un moderado optimismo para encarar los años venideros.
Sin embargo, ahora comienza la etapa más compleja: implementar reformas estructurales que permitan recuperar de manera sostenida la economía, reactivar la producción, atraer inversiones y generar crecimiento a mediano y largo plazo.
Los cambios de fondo ya no se logran únicamente con decretos. Requieren leyes e incluso eventuales reformas constitucionales. Para ello, el presidente Paz, su gabinete y su bancada deberán articular una estrategia política capaz de construir consensos en una Asamblea Legislativa fragmentada, donde ni siquiera su partido, el PDC, exhibe plena cohesión. Tampoco será sencillo sumar a la oposición, en particular a la bancada de Libre, cuyo líder, Tuto Quiroga, ha calificado la gestión como intrascendente más allá de la eliminación del subsidio.
El Gobierno deberá, además, fortalecer su capacidad de diálogo con las organizaciones sociales para no perder la iniciativa en las calles. La experiencia reciente lo demuestra: la COB, pese a su desgaste, logró mediante bloqueos y presión social que se derogaran disposiciones del Decreto 5503, como el denominado fast track, que buscaba facilitar la llegada de inversión extranjera directa, pieza clave de la reactivación.
La agenda pendiente es extensa. Se requieren nuevas normas en hidrocarburos, minería, litio, agroindustria y sistema financiero; ajustes urgentes en política monetaria y cambiaria; reformas en la administración de justicia, en la legislación laboral y en el régimen tributario, donde ya existen propuestas técnicas. También será imprescindible reducir con mayor decisión el déficit fiscal y cerrar empresas estatales deficitarias e inviables. A ello se sumará la negociación con las nuevas autoridades autonómicas que serán elegidas en marzo, las cuales exigirán el cumplimiento del compromiso electoral de redistribución fiscal 50-50.
Una prueba determinante será lograr la aprobación de la ley que penaliza los bloqueos de vías, mecanismo utilizado con frecuencia para imponer demandas sectoriales en detrimento del interés general. La búsqueda de consensos será fundamental, pero también lo será la aplicación firme de la ley cuando el orden público lo requiera.
El presidente Paz debe capitalizar la percepción mayoritariamente favorable de sus primeros cien días y volver a apelar al sentido de responsabilidad colectiva para impulsar las reformas estructurales indispensables, aun cuando impliquen costos en el corto plazo. La obtención de resultados concretos en el menor tiempo posible será clave para sostener la gobernabilidad y avanzar en la transformación que el país necesita.