Bolivia ya no puede permitirse el lujo de anclar su política vecinal. El destino geopolítico, la urgencia de seguridad y la necesidad económica dictan que, como prioridad, se atienda una agenda común, dejando atrás el costo de los litigios y el desgaste diplomático.
Pero, esta prioridad también reclama precisión. “Vísteme despacio que estoy apurado”, dijo varias veces Napoleón Bonaparte frente a los tableros de la política exterior. El nuevo canciller Fernando Aramayo parece haber definido bien esta estrategia; pidió “paciencia” porque el 14 de diciembre se sabrá si la comunista Jeannette Jara o el ultraderechista José Antonio Kast será la o el interlocutor en La Moneda del presidente Rodrigo Paz Pereira.
Esta cautela, si bien es respetuosa de la dinámica institucional chilena, debe ser temporal. El gobierno de Paz debe ser consciente de que el futuro de la relación binacional exige una visión de Estado, no de coyuntura. Ya en el pasado se jugó con un nacionalismo antichileno para fortalecer la popularidad del Jefe de Estado de turno. A esto se suma el aislamiento internacional que implicó, en el caso de Bolivia, el alineamiento incondicional con el Socialismo del Siglo XXI y el abandono de los vínculos con los países vecinos.
Por otra parte, sería poco práctico y contraproducente tener que llamar a consulta al cónsul en Santiago cada vez que una autoridad chilena exponga criterios que puedan comprometer el diálogo constructivo que permita enfrentar al crimen organizado y la integración de manera inteligente en favor de ambos países. Bolivia y Chile, a pesar de la complejidad de su historia común, deben estar conscientes de que serán vecinos para la eternidad.
Por eso, el nuevo ciclo bilateral propuesto por el canciller Aramayo, que busca restablecer el diálogo político y diplomático, debe dejar atrás las omisiones de los últimos años.
Los litigios vividos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el tema marítimo (fallado en 2018) y por las aguas del Silala no se tradujeron en una mejor cooperación práctica en frontera, comercio o seguridad. El costo fue alto, no solo económicamente (los litigios costaron al Estado boliviano al menos $us 25 millones), sino en desgaste diplomático.
Así, la urgencia actual obliga a un giro pragmático. Los intereses comunes ya no pasan exclusivamente por el litigio centenario, sino por desafíos transnacionales que amenazan a ambos Estados. La lucha contra el crimen organizado (mencionado como un factor central en la campaña chilena), la presión migratoria y la necesidad de cooperación portuaria son temas que exigen coordinación inmediata, sin importar la ideología del próximo presidente chileno.
La necesidad económica refuerza este pragmatismo. Por efecto de la coyuntura actual y la crisis energética, Bolivia dependerá en gran medida de Chile para importar combustibles a menor precio. De hecho, la reversión del oleoducto Sica Sica, que antes se usaba para exportar petróleo, es un símbolo de esta nueva dependencia logística. Este es un interés económico tangible que trasciende la batalla cultural entre la izquierda que busca ganar Jara y la derecha que representa Kast.
Finalmente, cualquier acuerdo o diálogo constructivo bilateral no puede ni debe ignorar la base fundacional de su relación. El Tratado de 1904 sigue estipulando no solo las fronteras, sino el régimen de libre tránsito de Bolivia hacia los puertos del Pacífico, un derecho que debe ser garantizado por el Estado chileno de turno.
Bolivia tiene la oportunidad de demostrar que su nueva diplomacia priorizará el desarrollo, la seguridad y la integración, asumiendo su rol como un país de contactos que busca alianzas por interés nacional, independientemente de la ideología de La Moneda. Toca a la nueva administración boliviana tomar la iniciativa.