La situación del vicepresidente electo Edmand Lara -quien fue dado de baja definitiva de la Policía Nacional (PN), sin derecho a reincorporación por un tribunal disciplinario en 2024 tras ser acusado de faltas graves,- plantea un dilema entre lo simbólico, institucional y ético. Por un lado, la sanción implica que Lara perdió todos los derechos y obligaciones como miembro de la PN. Formalmente ya no forma parte de la institución, y en la lógica normativa cabe preguntarse si corresponde que, en su condición de ex oficial, pueda lucir el uniforme policial en el acto formal de su posesión.
Lara pidió autorización para usar el uniforme verde olivo y ha trascendido que, sin mayor trámite, fue concedida por el alto mando de la entidad. Pero esa concesión no elimina automáticamente las interrogantes sobre la coherencia entre el acto formal -un ex oficial dado de baja por faltas graves-, y el gesto simbólico de aparecer en uniforme.
En un Estado de derecho, la coherencia institucional importa tanto como los símbolos. La autorización concedida a Lara no es en sí misma ilegal, pero el hecho de que un ex oficial sancionado para siempre pueda ostentar simbolismos de la PN encierra una paradoja institucional significativa. Genera interrogantes sobre la separación de poderes, el respeto a los símbolos del Estado, y la nitidez entre funciones policiales y políticas. En última instancia, el país estará atento no solo a la vestimenta que lleve, sino a que el ejercicio del poder se base en la legalidad, transparencia y responsabilidad que el nuevo cargo del ex-policía demanda.