La tragedia de Tipuani no es solo una inundación más: es el síntoma de un colapso ambiental y humano que llevaba tiempo anunciándose. Más de 250 familias quedaron bajo el agua, con sus hogares perdidos y con lo poco que pudieron rescatar: “quedamos solo con la ropa del cuerpo”. La minería descontrolada—cooperativas auríferas que remueven lechos y degradan riberas—es apuntada como causa principal del desastre, pues ha transformado cauces naturales en canales inestables.
El municipio ya sufre recurrentes desbordes. El alcalde Fernando Vera explicó que un deslizamiento upstream tapó el curso del río, acumulando agua que luego bajó en forma de mazamorra, tumbando muros de contención y anegando viviendas. Pidió presencia del Estado central y reubicación para familias que siempre resultan afectadas, pero denunció que la ayuda estatal aún no llega. El escenario muestra debilitamiento institucional: no se ha decretado emergencia ni desastre, trámite imprescindible para activar ayuda humanitaria.
La encrucijada exige algo más que auxilio temporal: demanda responsabilidad, control efectivo y justicia ambiental. El viceministro de Defensa Civil no vacila al decir que Tipuani vive sobre una «bomba de tiempo». El mensaje al alcalde es claro: debe actuar como autoridad local, no como figura minera propia de esas cooperativas. Si no hay definiciones ni acción concreta, el riesgo al que se alude no es retórico: comunidades podrían desaparecer, viviendas ser barridas por las aguas y la memoria colectiva, sepultada bajo fango. En esta coyuntura, la tolerancia al desastre ya no es una opción; Tipuani exige que el Estado cumpla su rol.