Unos 70 indígenas amazónicos protestaron este martes frente a la Corte Constitucional de Ecuador por el incumplimiento de dos sentencias a favor de la comunidades cofanes y waoranis para frenar la extracción de minerales y petróleo en sus tierras. Al grito de fuerza, fuerza, hombres y mujeres con sus rostros pintados y lanza en mano presentaron un recurso ante el tribunal con el fin de que ordene a las carteras de Energía y Ambiente el cumplimiento de fallos emitidos en 2018 y 2019. La corte tiene la obligación de determinar de forma urgente las medidas necesarias para que esas acciones se cumplan y además determinar el posible inicio de procesos disciplinarios y sancionadores contra autoridades de gobierno que han incumplido expresa y voluntariamente estas obligaciones, dijo a la prensa Jorge Acero, abogado de la comunidad Ai Cofán de Sinangoe, en la provincia de Sucumbíos y de la oenegé Amazon Frontlines. En 2018, la corte provincial de Sucumbíos (noreste y fronteriza con Colombia) ordenó revertir concesiones mineras en el territorio de Sinangoe, donde habitan 55 familias, al considerar que estas fueron entregadas sin que se haya consultado previamente a los indígenas que habitan la zona, como manda la Constitución. Un caso similar es el de los waoranis, que en 2019 consiguieron un histórico fallo que impide el ingreso de empresas petroleras a 180.000 hectáreas de territorio indígena en la provincia de Pastaza (sur y fronteriza con Perú). Es una pena decirlo, llevamos varios años y no ha habido ningún cumplimiento en territorio, la reversión de las 52 concesiones no la han hecho y la sentencia es super clara, la sentencia elimina las concesiones pero el gobierno solo las tiene suspendidas, señaló a periodistas Wider Guaramag, presidente de los Ai Cofán. Agregó que tampoco se se han reparado los daños en las zonas afectadas por la minería a orillas del río Aguarico, que abastece de agua a la ciudad de Nueva Loja en Sucumbíos. Por su parte, la abogada de los waorani, María Espinosa, señaló que un reciente fallo judicial ordena realizar una nueva consulta, tras la realizada en 2012 para permitir el ingreso de empresas petroleras. Pero Espinosa indicó que no hay norma para hacer la consulta, que el Estado no sabe cómo hacerlo y que hacerlo significa volver a violar derechos. El Ejecutivo sostiene que obtuvo el permiso de los waorani en una consulta libre e informada en 2012, aunque los indígenas afirman que el aval se obtuvo con engaños, comida y refrescos.
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