Procuraduría suspende reunión con las víctimas del caso Rósza

La reunión virtual entre la Procuraduría General del Estado y cinco víctimas del asalto al hotel Las Américas (2009) fue suspendida ayer y aún se desconoce la nueva fecha para tratar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El abogado Gary Prado informó que la institución estatal comunicó la cancelación del encuentro pasadas las 14:30. Trascendió que hubo molestia de los funcionarios porque una de las invitaciones se hizo pública.

“La reunión no se instaló. Estaban convocados Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Caroline Dwyer, madre de Michael Dwyer, y el abogado defensor Gerardo Prado. Debía instalarse a las 14:00, pero hasta las 14:30 no se había instalado y después la Procuraduría comunicó que no se iba a realizar  porque la carta con la que convocaron a Guedes se hizo pública y ellos se molestaron porque en una parte habla de confidencialidad”, manifestó ayer el abogado Gary Prado, en contacto con EL DEBER.

Agregó que la reprogramación del nuevo encuentro es posible que se mantenga en reserva. Sin embargo, Rubén Darío Cuéllar, director de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos (Fodh), dijo que hay hechos objetivos que demuestran la falta de voluntad del Gobierno para resolver este caso, como la data de la carta con una fecha próxima a cumplirse el plazo establecido por la CIDH. Apuntó que en el proceso de conciliación  ambas partes deben estar de acuerdo.

“No me extrañaría que la filtración de esta carta haya tenido el mismo origen: el propio Gobierno, como ocurrió, al parecer, con el informe de fondo de la CIDH y se especula que fue producto de la guerra y fricciones al interior del partido de Gobierno”, sostuvo.
Juan Carlos Guedes, víctima dentro del caso Rósza, dijo que la reunión se canceló “por motivos de fuerza mayor”. Aseguró que tampoco se difundió la comunicación oficial, y espera volver a ser convocado porque aguardó 13 años por justicia en un caso que “todo el mundo sabe que fue un abuso”.

Aclaró que tanto él como los otros afectados garantizan el grado de confidencialidad “de lo que debe ser confidencial”.

Alargue de plazo
Gerardo Prado, abogado de las víctimas del caso también denominado terrorismo, dijo que el Estado debe asumir las cuatro sugerencias de la CIDH e informar sobre la aplicación de las mismas.

“No hay plazos, yo no sé de dónde sacaron eso allá (en Bolivia). El Estado solo debe cumplir las recomendaciones, ya no hay negociación posible, no tiene por qué haber reuniones, la etapa de conciliación ya venció, estamos en otra etapa”, alertó el abogado que presentó la denuncia y es el principal referente del caso.

Las recomendaciones contemplan que el Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción; disponer las medidas de atención en salud física y mental para las víctimas; iniciar una investigación penal y adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares.

Para el jurista ya no existe mayor negociación y Guedes complementó que esperarán nuevas resoluciones de la Procuraduría hasta el 26 de enero, nuevo plazo para que el Gobierno presente un informe a la CIDH.

“Así como está escrito, el Estado boliviano pidió un plazo hasta el 26 de enero. Veremos qué otra resolución pueden emitir o invitarnos a otra reunión, siempre en el grado del respeto de lo que es confidencial entre la Procuraduría y nosotros”, sostuvo Guedes.

Desde el Gobierno no hay una comunicación oficial. El pasado 6 de enero, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó sobre un plazo para que la Procuraduría General del Estado prepare un informe en el que explique el avance en las recomendaciones de la CIDH.

Ese plazo vencía el 11 de enero. Por esa razón, se convocó, de manera virtual, a los acusados del caso a una reunión que finalmente no ocurrió. El caso podría pasar a la Corte IDH si hay incumplimiento.