Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó este martes la existencia de sobreprecios en la importación de combustibles y aseguró que todos sus procesos de adquisición y contratación se realizan de manera “responsable, transparente y legal”, según un comunicado oficial difundido por la empresa estatal.
“En YPFB no se pagan sobreprecios. En YPFB se trabaja por Bolivia. Con transparencia. Sin corrupción”, señala el pronunciamiento, emitido tras una serie de denuncias públicas que cuestionan los costos de importación de combustibles y el manejo de contratos vinculados al suministro de crudo para el mercado interno.
En los últimos días, legisladores y analistas han planteado la necesidad de investigar posibles irregularidades en procesos de compra de combustibles, entre ellos el identificado como PAC 5096, y el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, señaló que la Comisión de la Verdad debería ampliar sus indagaciones para esclarecer eventuales actos de corrupción en el sector hidrocarburos.
En respuesta, YPFB lamentó lo que calificó como “versiones tendenciosas” que, a su juicio, buscan dañar la imagen de la empresa y afectar el patrimonio de los bolivianos. La estatal afirmó que durante la actual gestión cada adquisición y contrato se ejecutan conforme a la normativa vigente.
Respecto al proceso PAC 5096, relacionado con el suministro de crudo y condensado para el mercado interno, la empresa sostuvo que es “incorrecto” vincularlo con supuestos sobreprecios, al considerar que se han utilizado comparaciones erróneas con precios históricos y sin sustento técnico.
YPFB precisó que en dicho proceso se presentaron ofertas para dos puntos de entrega: DAP Arica, con tres propuestas, y DAP Pocitos, con una. En ambos casos, indicó que la oferta de menor precio correspondió a la empresa Trafigura.
No obstante, aclaró que hasta la fecha no existe ningún contrato firmado con esa compañía y que el proceso se encuentra en etapa de revisión técnica, jurídica y documental, como parte de los procedimientos previos a una eventual suscripción.
Finalmente, la estatal advirtió que iniciará las acciones legales necesarias para “preservar la verdad, su buen nombre y los intereses de todos los bolivianos”, y sostuvo que las denuncias buscan desviar la atención de casos de corrupción atribuidos a gestiones pasadas.