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Diputada del PDC denuncia presunto sobreprecio de $us 12 millones en importación de combustibles de YPFB

Martes, 10 de febrero de 2026 a las 12:29
La legisladora pidió la cabeza del ministro de Hidrocarburos

La legisladora Patricia Patiño afirmó que existen irregularidades en contratos y proveedores, pidió informes al Ministerio de Hidrocarburos y demandó la destitución de los funcionarios que resulten responsables.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, denunció este martes un presunto sobreprecio de alrededor de 12 millones de dólares en la importación de combustibles al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y pidió que se investigue a los responsables y se asuman medidas inmediatas.

Según la legisladora, existen indicios que apuntan a irregularidades en los contratos, entre ellos las fechas de suscripción, la selección de proveedores y las condiciones bajo las cuales se realizaron las operaciones. Afirmó que estos cuestionamientos fueron planteados formalmente a través de solicitudes de información dirigidas a distintas instancias del Ejecutivo.

Patiño indicó que los pedidos de informe fueron remitidos, entre otros, al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a fin de que se expliquen los procesos administrativos y contractuales vinculados a la importación de combustibles.

La diputada sostuvo que aún “hay mucho por descubrir” y advirtió que las presuntas irregularidades afectan la institucionalidad de YPFB y contradicen el discurso de renovación y meritocracia promovido por el Gobierno. En ese marco, pidió que se disponga la destitución de los funcionarios que resulten responsables.

Asimismo, Patiño cuestionó que las consecuencias de una eventual mala gestión terminen siendo asumidas por el Estado y no por los servidores públicos involucrados. Señaló que los funcionarios que no informaron oportunamente o no actuaron con eficiencia deben responder por sus actos.

La legisladora vinculó esta denuncia con los recientes problemas registrados en vehículos presuntamente afectados por combustible en mal estado y sostuvo que los responsables administrativos deben asumir las consecuencias, para evitar que los costos recaigan nuevamente sobre las arcas públicas.  
 

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