La investigación científica contribuye al desarrollo de los países al ser el motor de la innovación, el progreso social y el crecimiento económico. Sirve para generar nuevos conocimientos que, al ser aplicados, resuelven problemas, mejoran la calidad de vida y aumentan la competitividad de las empresas y las instituciones.
Sin embargo, invertir en investigación y desarrollo (I+D) es caro, sobre todo para los países latinoamericanos. Según datos de la Unesco y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (Ricyt) de 2022, la inversión en I+D en América Latina se sitúa en un promedio de solo el 0,56% del PIB regional.
Según la Unesco, los gastos en I+D son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos. Abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.
Esa misma fuente posiciona a Bolivia como un “país de ingreso mediano bajo” y brinda informes desde 1996, cuando la inversión fue de 0,32% del PIB. Un año más tarde, en 1997 fue de 0,31%; en 1998, 0,29%; en 2000, 0,28%; en 2001, 0,29%, y en 2002, 0,27%.
La Unesco no tiene registros de inversión en I+D en Bolivia desde 2003 a 2007 y solo en 2009 —el último año que muestra dato— la inversión fue de 0,15% del PIB. Es decir, en 28 años, solo en nueve se hizo una inversión promedio de 0,31% del PIB boliviano.
FinanciamientoEl investigador y doctor en energías, Francesco Zaratti, explicó que Corea, un ejemplo de desarrollo acelerado, destina el 4,81% de su PIB a la investigación científica; 30 veces más de Bolivia, siete veces más que el promedio de América Latina y el Caribe (ALC) y más del doble del promedio mundial. “Con esos números no sorprende que la I+D en Bolivia siga en estado embrionario y que ALC contribuya solo con el 4,7% de las publicaciones científicas mundiales”, sostuvo.
Y, si bien la I+D es cara, el dinero no lo es todo, agregó Zaratti: “Para tener resultados sobresalientes se necesita: una línea de investigación relevante, una ‘masa crítica’ de investigadores y suficiente financiamiento público y privado. Bolivia tiene limitaciones económicas para invertir en la investigación científica y carece de ‘escuelas’ de investigación para crear, mantener y acrecentar esa masa crítica de investigadores, especialmente jóvenes”.
Puso como ejemplo el Observatorio Sismológico San Calixto (OSC), creado en 1913 por el sacerdote jesuita Pierre-Marie Descotes y que, hasta la fecha, continúa aportando con contribuciones científicas valiosas y educando a la población a reaccionar ante eventos sísmicos.
“La masa crítica está dada por un grupo de jóvenes científicos que se han ido especializando con esfuerzo. Los recursos le llegan de la cooperación internacional (ONU y Francia). Además, esa institución ha tenido, en 112 años, solo seis directores titulares, contra los 16 presidentes interinos de YPFB en los últimos 20 años”, destacó Zaratti.
Fue recién en el año 2000 que un laico, en este caso una mujer boliviana asume la Dirección del OSC, Estela Minaya, quien refuerza los convenios internacionales, consigue financiamientos y logra una certificación del Sistema Internacional de Vigilancia.
Gonzalo Fernández, actual director del OSC, continuó con las investigaciones y proyectos y ha logrado, con financiamiento privado externo, la instalación de siete estaciones sísmicas en todo el territorio nacional, las últimas en San Ignacio de Velasco y Vallegrande, en Santa Cruz.
De 11 técnicos y científicos que trabajan en el OSC, 10 son bolivianos en distintas áreas que van desde la electrónica, geólogos, ingenieros civiles y sismólogos. “Somos coautores de la primera norma de Diseño Sísmico Resistente, bajo el paraguas del Ministerio de Obras Públicas, también las universidades públicas y privadas, sociedades de ingenieros de Bolivia”, destacó.
Fernández resaltó que los científicos de la institución se capacitan constantemente, sobre todo mediante becas o proyectos con cortas estancias en el extranjero. Además, trabajan con pasantes y tesistas de todo el país. Pero la contribución del OSC no se da solo en el campo de la educación y prevención sísmica, sino en el área de la construcción.
Desde el 2023 se socializa la norma de Diseño Sísmico Resistente, con el que los ingenieros civiles tienen un mapa de probabilidades de aceleración sísmica, para la construcción de grandes edificaciones.
“Es difícil hacer ciencia, es cara y tampoco hay que romantizar, en el caso de la sismología. Pero creo que es un momento ya de despertar todos y poner algún presupuesto, algún fondo común con la empresa privada, con el Estado, las instituciones sin fines de lucro, para que esto vaya avanzando”, reflexionó el director del OSC. Jóvenes científicos del Observatorio Sismológico San Calixto, en La PazInvestigación incansable Otra de las instituciones que se dedica a la investigación científica es el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), que acaba de cumplir 50 años de actividad en Bolivia. Nació como una instancia de investigación y transferencia de tecnología dependiente del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en 1975, para luego pasar a la Prefectura del Departamento de Santa Cruz y, con la nueva Constitución Política del Estado, en una instancia técnica descentralizada del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Su presupuesto es de alrededor de Bs 20 millones anuales, pero con los últimos recortes de las regalías petroleras, “con suerte”, llegan a Bs 12 millones, como dice su director Héctor Sandoval, quien explica que el 25% de los recursos deben ser generados por la entidad. “Seguimos siendo parte importante del modelo productivo cruceño y, si tratáramos de resumir los grandes logros que ha tenido el CIAT, podríamos hablar de que ha liberado más de 120 variedades de semillas entre arroz, maíz, trigo, soya y la primera de algodón, la Mandiyuti”, destacó Sandoval. También mencionó el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles, un banco de germoplasma de plantas maderables, no maderables, frutales y cítricos que sobrepasan la centena. El CIAT tiene ‘mapeados’ todos los suelos del departamento de Santa Cruz y posee una serie de laboratorios, de rhizobiología y manejo integrado de cultivos. “También somos pioneros en el mejoramiento genético del ganado bovino criollo, lo venimos mejorando por más de 40 años (...). Hoy estamos hablando de una ganadería regenerativa que está comenzando a tener un repunte a nivel internacional por el hecho de que se puede alimentar del bosque, es la única raza que no necesita pastura ni tampoco alimentos suplementarios”, ponderó. El CIAT fue el primer centro de investigación que produjo biocombustible a partir del piñón y luego del aceite crudo de soya, que concluyó en 2017 por falta de incentivo. Manuel Arellano, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, subrayó que la investigación científica es necesaria en cualquier país porque es la base para el desarrollo tecnológico y la innovación, que conducen al desarrollo económico y mejoran su capital humano. Sin embargo, lamentó que, en el caso de Bolivia, se destine menos del 0,3% del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras el promedio latinoamericano ronda el 1,5%. “Los países más desarrollados no gastan, sino invierten más del 5% de su PGN. Obviamente que no se puede saltar del 0,3% al 5%, pero tampoco se debe esperar que se tengan logros importantes sin la inversión adecuada”, apuntó. Al mismo tiempo, reflexionó que algunos países llegaron a ser más ricos porque invirtieron en educación y salud. “Y en educación, lo hicieron en educación en ciencias y promovieron la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a través de fondos diferentes dirigidos a resolver cuellos de botella y otros problemas de los sectores industriales y otros, y las necesidades de la salud humana”. En ese sentido, consideró que en Bolivia se tienen experiencias buenas y malas en los diferentes financiamientos para la investigación científica por parte del Estado y no se ha incorporado al sector privado para que se involucre y financie parte de los proyectos que resuelvan sus propios problemas tecnológicos o conduzcan a innovaciones, con los incentivos que se pueden crear. Martín Montero, decano de las Carreras Empresariales de la Universidad Católica Boliviana, consideró que la investigación científica es fundamental por dos motivos: “Por un lado genera conocimiento que se traduce en innovación, productividad y nuevas oportunidades económicas. Además, la ciencia forma personas curiosas, creativas y críticas que aprenden a resolver problemas y que pueden aportar a sus comunidades”. En ese marco, señaló que esa superior casa de estudios establece, en su Estatuto Universitario, a la investigación “como una misión sustantiva” y tiene ocho líneas de investigación transversales a los procesos de formación. “Un ejemplo de ello es la investigación sobre el impacto de los incendios forestales en la Chiquitania, que derivó en la elaboración de una ley municipal para proteger un área de recarga hídrica en el municipio de San José de Chiquitos. Una segunda investigación se centró en el manejo territorial y la gobernanza en la cuenca Katari, en el departamento de La Paz, lo que permitió establecer mejores prácticas comunitarias para la sostenibilidad de los recursos hídricos”, indicó. Estos casos, según Montero, muestran que la investigación desarrollada en la UCB, tiene aplicaciones prácticas que contribuyen a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sostenible.El recambio y la participación privada Héctor Sandoval, director del CIAT, sostuvo que en la entidad trabaja personal altamente calificado, algunos con más de 25 años de trayectoria en la institución, que aprovecharon las distintas cooperaciones de los gobiernos de Gran Bretaña, Japón y Países Bajos, para su formación. Sin embargo, algunos ya han manifestado su deseo de pasar al retiro, pero no se encuentran científicos jóvenes para el recambio. “Lastimosamente, no hay muchas posibilidades (...) porque no se incentiva la investigación desde la universidad. Por el otro lado, la inestabilidad laboral que se genera en las instituciones públicas y por los recursos muy limitados, hace también de que algunos no quieran tomar el riesgo”, lamentó Sandoval. Apuntó que, por ejemplo, la nueva generación de ingenieros agrónomos busca oportunidades laborales en la comercialización de agroinsumos, por lo que se pierden talentos para la investigación. “Hay una necesidad grandísima de que el recurso humano que se forma en las universidades tenga una orientación más de investigación”, agregó. Sugirió que las instancias estatales deberían designar entre un 3% y 5% de sus presupuestos para apoyar centros de investigación y que la empresa privada debería también compartir sus investigaciones. “Las alianzas público-privadas es el camino que nos va a permitir fortalecer capacidades”, añadió. Latinoamérica. A diferencia de lo que ocurre en economías más avanzadas, en América Latina el 56% de la inversión es financiada por los gobiernos. Esto subraya la necesidad de una mayor participación del sector privado para impulsar el desarrollo científico y tecnológico. Presupuesto. Brasil es el único país de América Latina que supera el 1% de su PIB en inversión en I+D, y junto con México y Argentina, concentra una parte considerable del gasto regional en el sector.