El Gobierno inició este lunes una reunión clave con dirigentes gremialistas que mantienen el rechazo al restablecimiento del Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG), reactivado mediante el Decreto Supremo 5503. El encuentro busca destrabar un conflicto que mantiene en alerta a los trabajadores por cuenta propia en todo el país y que amenaza con escalar en movilizaciones si no se atienden sus observaciones.
Por el Ejecutivo participaron el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, y el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, junto a autoridades del área económica y productiva. Del lado gremial asistieron dirigentes nacionales y departamentales, además de representantes sectoriales.
El SIETE-RG, creado en 2020 y luego abrogado, fue repuesto por el DS 5503 con el objetivo —según el Gobierno— de facilitar la transición del sector informal hacia la formalidad. La norma consolida en un solo pago el IVA, el IT y el IUE, estableciendo un monotributo del 5% sobre las ventas brutas, con declaración y pago bimestral para emprendimientos en transición.
El Gobierno defendió la medida como uno de los cambios más relevantes de la política tributaria actual, al proponer un mecanismo “simplificado” que reduzca costos administrativos y concentre la carga impositiva en un aporte único.
En la misma línea, Espinoza reiteró que el régimen es voluntario y sostuvo que apunta a “abaratar la formalidad”, frente a un esquema que —dijo— históricamente terminó empujando a más informalidad.
Sin embargo, los gremiales llegaron a la reunión con reparos de fondo. El ejecutivo de la Federación de Gremiales de Santa Cruz, Édgar Álvarez, adelantó que la principal crítica apunta al carácter “discriminatorio” del sistema, en comparación con el trato tributario a los asalariados.
Cuestionó el tope de ventas anuales fijado en Bs 250.000 y advirtió que el artículo 43 del decreto abre la puerta a un pase automático al régimen general, pese a que el Gobierno insista en la voluntariedad.
Álvarez ilustró la asimetría señalando que los asalariados con ingresos inferiores a tres salarios mínimos —hoy alrededor de Bs 9.900— no tributan, mientras que un gremial con ventas diarias de Bs 684 apenas obtiene, en promedio, un margen del 10%, lo que equivale a cerca de Bs 2.000 mensuales.
“Y aun así tendría que tributar el 5%, sin seguro, sin aguinaldo, sin vacaciones”, reclamó. A ello sumó las dificultades prácticas de la facturación electrónica, otro punto que tensó el debate.
La reunión, descrita por los propios dirigentes como “larga y necesaria”, se desarrolla en un contexto de plazo ajustado: la reglamentación del decreto debe estar lista en los próximos 15 días. De ese diálogo dependerá si el Gobierno logra convencer a los gremiales de que el monotributo es una puerta de entrada a la formalidad… o si el conflicto termina saliendo, otra vez, a las calles.