El panorama económico en Bolivia no muestra señales de mejora. Por el contrario, se agrava con nuevos indicios de fragilidad. A las persistentes filas por combustible y el alza constante de precios, se sumó ayer una noticia que profundiza la desconfianza hacia el gobierno de Luis Arce Catacora: el Ejecutivo solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) postergar por 28 días la publicación de su informe técnico sobre la economía del país. La voz de alerta la dio ayer el propio Fondo. En su página oficial el organismo internacional informó que “El 2 de mayo de 2025, el directorio ejecutivo del FMI concluyó la revisión del Informe del Personal Técnico correspondiente al Artículo IV para Bolivia”. “Las autoridades bolivianas están evaluando la publicación de dicho informe, y se espera una decisión final en un plazo de 28 días a partir de la fecha de consideración por parte del Directorio”, señaló el organismo internacional. Más dudas Este escueto comunicado generó numerosas críticas, tanto de usuarios en redes sociales como de exautoridades y economistas, quienes aseguran que el Gobierno busca ocultar los números rojos de una economía en declive. Default técnico en puerta
La decisión desató una ola de críticas. Economistas y figuras políticas advierten que el Gobierno busca ocultar el deterioro real de la situación económica, e incluso temen que se esté gestando un escenario de default, es decir, que el gobierno no puede pagar sus deudas.
Y no es para menos: esta es la segunda vez que la administración de Luis Arce detiene la presentación oficial de datos sobre la realidad económica del país.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el expresidente Jorge Tuto Quiroga reaccionó con dureza:
“La economía de Bolivia colapsó después de 20 años de Masismo. El FMI elaboró y presentó al Directorio, el 2 de mayo, un informe de nuestra tragedia económica. El Gobierno pidió esconder 28 días la publicación de la dura realidad. Arce: no escondan cifras, muestren la verdad, ahora”, disparó la exautoridad.
En esa línea, el economista Germán Molina advierte que esta medida busca frenar un mayor deterioro de la confianza pública y evitar que se evidencie una inminente crisis de pagos.
“El año pasado pasó lo mismo. En noviembre de 2023, el informe del FMI ya estaba listo, pero el Gobierno pidió que no se publique. Ahora lo vuelve a hacer”, dijo Molina, quien ve en esta solicitud una estrategia para evitar que, en un año preelectoral, se exponga la magnitud del deterioro fiscal.
Según el economista, el Ejecutivo se ampara en una cláusula del FMI que impide la publicación de los informes técnicos si el país miembro se opone.
“Tiene implicancias serias. Publicar ese documento en este momento sería como echar gasolina al fuego: aceleraría la pérdida de confianza en la gestión económica del Gobierno”, explica.
Pese que el informe completo no fue publicado el organismo dio algunas cifras que también encienden las alarmas. El organismo proyecta un crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 1,1%, acompañado de una inflación anual estimada en 15,1%, una de las más altas en la región.
El año pasado, el organismo advirtió que Bolivia atraviesa una situación económica delicada y que, de mantenerse las políticas actuales, el país se arriesga a enfrentar un “ajuste desordenado” con fuertes consecuencias sociales y económicas.
Para Molina, Bolivia se encuentra peligrosamente cerca de un default técnico, que se materializa cuando un país no puede cumplir con el pago del servicio de su deuda —tanto intereses como amortización de capital— debido a la falta de divisas.
“El país no tiene suficientes dólares. Las reservas líquidas bordean apenas los $us 200 millones, mientras que las obligaciones externas superan esa cifra. El verdadero cuello de botella llegará en el segundo semestre de este año, cuando vencen importantes compromisos de pago”, advirtió.
Molina alerta que Bolivia está produciendo casi exclusivamente para pagar su deuda. “El saldo de la deuda pública externa supera los $us 13.000 millones. Representa alrededor del 85% del PIB. Si sumamos las obligaciones de las empresas estatales, la relación deuda PIB supera el 100%”, indica.
Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, considera que esta solicitud “no es una buena señal” y refleja el temor del Ejecutivo a que se expongan cifras que confirmen la gravedad de la situación económica nacional.
“Si piden que se postergue (el informe), es porque quieren aportar con información adicional para que no se muestren los datos tal como los tiene el FMI. No olvidemos que el Gobierno ya conoce el contenido del informe”, explicó.
Akamine considera que el riesgo de un default —es decir, el incumplimiento en el pago de la deuda externa— es una amenaza latente hace varios años, en especial desde que surgió los problemas con la disponibilidad de divisas en el país.
El economista también cuestionó la falta de transparencia en la publicación de datos oficiales.
“Antes, las reservas se publicaban cada 15 días en la página del Banco Central. Ahora, esa información sale cada tres o cuatro meses, y solo cuando más o menos están bien los números”, dijo.
La falta de datos oficiales se refleja, según Akamine, en el día a día de la población: dificultades para usar tarjetas de crédito, restricciones para pagos internacionales, y trabas a las importaciones.
Para esta nota se buscó la versión del Ministerio de Economía y Finanzas, pero hasta el cierre de edición no contestaron.
Pero ayer el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que en los próximos meses llegará una conveniente cantidad de dólares al país por una buena cosecha de soya en la campaña de verano y por el buen precio de la minería. “La mejor cosecha que hubo en el tema de soya, en la campaña de verano, nos va a traer una buena cantidad de dólares en estos meses”, señaló.
Persiste la escasez
Mientras tanto, la escasez de combustible en Bolivia se ha intensificado, generando largas filas en estaciones de servicio y provocando un aumento significativo en los precios de productos básicos. Esta situación ha desencadenado protestas en diversas regiones del país, mientras el gobierno intenta contener una crisis con controles de precios en mercados.
Entre los factores que explican el actual desabastecimiento de gasolina y diésel, se encuentran la falta de divisas —clave para la importación de hidrocarburos—, condiciones climáticas adversas y conflictos logísticos.
Según el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, marejadas en el puerto chileno de Arica impidieron la descarga de más de 191 millones de litros de combustibles almacenados en seis buques.
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?