El Gobierno busca una reducción más agresiva en el precio del pollo tras los recientes bloqueos protagonizados por sectores afines a Evo Morales. Según el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, el costo por kilo aún es alto y debería bajar a Bs 18,50, de acuerdo con un análisis de la estructura actual de costos.
“El precio actual del pollo oscila entre Bs 21 y Bs 22 por kilo, pero el análisis nos muestra que debería estar en Bs 18,50 para el consumidor”, afirmó Silva este jueves. Aclaró que ya no es realista pensar en precios anteriores de Bs 13 o Bs 14, debido al alza en los costos de producción influenciados, entre otros factores, por el tipo de cambio paralelo del dólar.
El precio del "pollito bebé, insumo clave en la cadena avícola, se habría duplicado. “Antes se compraba a $us 0,50, que equivalía a Bs3,50; ahora ese mismo monto en dólares se traduce en Bs 8 o Bs 9 por el tipo de cambio paralelo”, explicó Silva. La autoridad también alertó que el abastecimiento de diésel se ha convertido en un nuevo obstáculo para normalizar la distribución y estabilizar los precios.
En paralelo, la lucha contra el contrabando alimentario generó controversia este jueves, luego de que el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando entregara públicamente un camión con 1.200 pollos incautados en San Pedro de Tiquina a un supermercado de Emapa, bajo el argumento de que el cargamento tenía como destino presunto el Perú.
El dueño del camión, visiblemente molesto, se presentó en el lugar para rechazar la versión oficial. “Yo tengo todo legal, tengo los permisos de Senasag y los documentos que avalan el traslado a La Paz. Me dijeron que solo verificarían el cargamento, no que lo iban a decomisar”, denunció, acusando abuso de autoridad.
El Viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Amílcar Velásquez, defendió la acción militar y justificó la comercialización del producto en Emapa como una medida para frenar el desvío de alimentos hacia mercados externos.
El episodio pone en evidencia las tensiones entre productores y autoridades, mientras el Gobierno insiste en una política de control de precios en medio de restricciones logísticas, escasez de diésel y presiones inflacionarias.