El conflicto entre los ganaderos del país y el Gobierno tiene un nuevo capítulo. Autoridades sanitarias de Bolivia y Argentina instalaron una reunión técnica para iniciar el proceso de auditoría a plantas procesadoras de carne en territorio argentino, con miras a habilitar la importación de productos cárnicos al mercado boliviano.
Esta medida ocurre en medio de un conflicto abierto entre el Gobierno boliviano y los ganaderos locales, a quienes se acusa de elevar los precios de la carne de forma unilateral.
Medios del estado reportaron que técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina coordinaron el despliegue de un equipo auditor boliviano, que durante esta semana evaluará aspectos, como: trazabilidad, higiene, control de residuos, procesos productivos e infraestructura en plantas cárnicas argentinas. “El objetivo de estas inspecciones es asegurar el cumplimiento de las normativas internacionales de inocuidad alimentaria y garantizar un comercio seguro entre ambos países”, informó el Senasag en un comunicado. La apertura del mercado a carne argentina se perfila como una respuesta del Ejecutivo para contener el alza en los precios internos, en un escenario marcado por el reclamo del sector ganadero, que atribuye los aumentos a la subida de los costos de producción y a un incremento en el contrabando de carne boliviana hacia países vecinos. Además, el sector rechaza la imposición de precios y el excesivo control que realizará el Gobierno en los mercados y los centros de remates, donde se vende el ganado en pie. Según el Senasag, el proceso concluirá con un informe técnico “clave” que definirá la habilitación de establecimientos exportadores. Desde el Senasa argentino se destacó la transparencia del proceso y la colaboración del sector industrial con los auditores bolivianos.