El Arancel Externo Común (AEC) del Mercosur se perfila como uno de los principales desafíos para Bolivia en su proceso de adhesión plena al bloque regional, según el estudio “La Cumbre del Mercosur y la última ventana estratégica para Bolivia”, elaborado por la abogada internacionalista Vanessa Ortiz, para el Laboratorio de Análisis de Políticas, Relaciones Internacionales y Diplomacia (Laprid).
“Para una economía con bajo nivel de industrialización, limitada diversificación productiva y alta dependencia de importaciones de bienes de capital, insumos intermedios y bienes tecnológicos, la adopción progresiva del AEC plantea riesgos concretos”, se lee en el estudio.
El informe enfatiza que el AEC fue diseñado principalmente para proteger industrias consolidadas de países como Brasil y Argentina, estableciendo niveles arancelarios que, en numerosos rubros, superan de manera significativa los históricamente aplicados por Bolivia.
Actualmente, Bolivia mantiene uno de los esquemas arancelarios más bajos de la región. Según datos del perfil arancelario de Bolivia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), los aranceles aplicados a bienes de capital, insumos industriales y productos tecnológicos oscilan entre 0% y 10%. En contraste, el Arancel Externo Común del Mercosur —establecido en la Decisión CMC N.º 22/94— fija rangos que van del 14% al 20% en esos mismos rubros, y pueden alcanzar hasta el 35% en electrodomésticos, manufacturas industriales y bienes durables.
Sin embargo, este aumento de aranceles tiene efectos directos en la economía real. Para Bolivia, que depende en gran medida de la importación de maquinaria, insumos y tecnología, el AEC puede traducirse en mayores costos de producción y un encarecimiento de bienes de consumo.
“Para una economía de baja diversificación como es la nuestra, y alta dependencia de importaciones de bienes de capital, insumos intermedios y tecnología, la adopción de este AEC puede traducirse en mayores costos internos, incluso una pérdida de competitividad y efectos negativos sobre todo de los consumidores, quienes van a recibir el costo de estos incrementos, y los productores también”, indicó Ortiz.
En el estudio del Laprid se advierte que la protección arancelaria, sin una política industrial activa, no garantiza procesos de industrialización. Citando el estudio “Industrial Policy for the Twenty-First Century”, del economista Dani Rodrik, se enfatiza que que en economías pequeñas la protección puede generar efectos regresivos si no está acompañada de estrategias productivas claras y capacidades estatales suficientes.
No obstante, Ortiz remarca que el tema de los aranceles entra en tensión con decisiones recientes orientadas a reducir o flexibilizar aranceles para abaratar productos y facilitar el acceso a tecnología adoptadas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, debido a que esas medidas, pensadas para el corto plazo, chocan con la lógica del AEC, que busca una política arancelaria común y limita las decisiones unilaterales de los Estados Parte.
“Si bien estas medidas buscan abaratar costos y formalizar el comercio, por el otro lado lo que ocurre es que profundiza esa desalineación o desacople entre política arancelaria externa y el arancel externo del Mercosur. Y esto intensifica la competencia para sectores locales que ya enfrentan limitaciones de escala y productividad”, puntualizó Ortiz.
El Gobierno aun no informa cómo Bolivia adoptará el Arancel Externo Común.