Mientras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se prepara para presentar el Padrón Electoral Biométrico corregido, de cara a los comicios subnacionales del 22 de marzo, Ayer 10 de febrero se activó una etapa clave del calendario electoral: el procesamiento de reclamos de ciudadanos inhabilitados y la atención de apelaciones planteadas por frentes y candidatos, en un escenario marcado por disputas jurídicas, denuncias políticas y decisiones que pueden redefinir la competencia electoral en varias regiones del país.
La Dirección Nacional del Servicio de Registro Cívico (Serecí), dependiente del TSE, inició ayer el procesamiento de los reclamos presentados por ciudadanas y ciudadanos observados o inhabilitados en el Padrón Electoral, en el marco de la actividad 45 del calendario aprobado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
Como parte de este trabajo, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) remitirán a la Dirección Nacional del Serecí las resoluciones que atienden los reclamos de personas inhabilitadas, además de los casos recibidos directamente por los Serecí departamentales para su revisión y consolidación.
Esta fase se activó tras la conclusión, el pasado domingo 8 de febrero, del periodo de recepción y tratamiento de reclamos ciudadanos en todo el país.
De acuerdo con el cronograma oficial, una vez concluido el procesamiento, el Serecí entregará el sábado 14 de febrero el Padrón Electoral Biométrico oficial a la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Dntic) del TSE. Esta información permitirá actualizar el sistema de consulta ciudadana Yo Participo y habilitar los sistemas que se utilizarán en el proceso electoral.
Denuncias y recursos
En paralelo al trabajo técnico sobre el padrón, el TSE debe pronunciarse sobre una serie de recursos y apelaciones vinculadas a candidaturas observadas o cuestionadas. Una de ellas fue formalizada por la diputada de APB Súmate, Claudia Flores, quien presentó ante el TSE la apelación contra la habilitación de la candidatura de José Carlos Sánchez Verazaín, de Nueva Generación Patriótica (NGP), a la alcaldía cochabambina.
Según la legisladora, el recurso fue presentado dentro del plazo legal, luego de haber sido notificados con la resolución de habilitación. “Estamos apelando porque lo que corresponde, de manera inmediata, es la inhabilitación del señor José Carlos Sánchez Verazaín”, afirmó Flores, que además denunció la existencia de un “complot político” en contra de Manfred Reyes Villa, a quien considera el candidato más fuerte para la Alcaldía de Cochabamba.
La diputada sostuvo que el TSE tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse y reiteró que Reyes Villa estaría legal y jurídicamente habilitado.
Rehabilitación parcial
Otro foco de atención se sitúa en el departamento de Beni. El candidato a alcalde de Rurrenabaque por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Yerko Núñez Negrete, fue inicialmente inhabilitado por el TED beniano, por haber ejercido el cargo de alcalde en más de dos gestiones, lo que contravendría la normativa electoral vigente.
A esta observación se sumó su condición de votante inhabilitado en el Padrón Electoral, según la plataforma Yo Participo, cuya base de datos fue actualizada el 3 de febrero. Esta situación dejaba al exalcalde prácticamente fuera de la contienda, dado que uno de los requisitos básicos para postular es estar habilitado en el padrón.
No obstante, Núñez informó a EL DEBER que el TED de Beni subsanó lo que consideró un error, tras la presentación de un memorial en el que acreditó su condición de asilado político en Brasil. En una resolución emitida el 9 de febrero, el tribunal autorizó su rehabilitación en el Padrón Electoral Biométrico.
“Me están restituyendo mis derechos políticos. Además, hoy ingresó la apelación sobre mi candidatura y espero que la Sala Plena del TSE resuelva este caso hasta después de carnaval”, afirmó el candidato. Añadió que Moisés Shriqui, postulante a la Alcaldía de Trinidad, también aguarda una revisión de su inhabilitación.
La posible inhabilitación de candidatos se ampara en el Auto Constitucional 0083/2024-ECA, que establece límites a la repostulación de autoridades que hayan ejercido dos o más mandatos, continuos o discontinuos, con el objetivo de evitar la permanencia prolongada en el poder.