Una hilera de camiones detenidos a un costado de la vía llama la atención en el Parque Industrial. En una jornada laboral habitual, los pesados vehículos recorren las calles de la zona para cargar o descargar material. Ahora, el silencio y la tranquilidad se impone en la gran mayoría de las empresas.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, advirtió que este paro cívico provocará un daño económico de $us 32 millones a diferentes sectores del departamento de Santa Cruz.
“Mi departamento va a perder $us 32 millones por un día de paro, ¿Quién va a reponer estos $us 32 millones, usted o los que está defendiendo con supuesta persecución política? Y nosotros, como Ministerio de Obras Públicas, a través de NAABOL, Vías Bolivia y la Terminal Bimodal vamos a perder más de $us 6.997.000”, lamentó Montaño, en un reproche al Comité pro Santa Cruz.
La autoridad cuestionó también al presidente cívico, Rómulo Calvo, por dedicarse a organizar protestas en contra de una supuesta persecución política y no manifestarse sobre los salarios adeudados a los trabajadores de Cotas o por la contraparte que debe entregar la Gobernación cruceña para la construcción de la carretera Buena Vista – Las Cruces.
“Señor Calvo, usted está defendiendo simplemente a una élite que se ha beneficiado de recursos económicos mal habidos, y estoy hablando de los ítems fantasmas. Usted está defendiendo a delincuentes que se llenaron los bolsillos con recursos económicos que no les pertenecen”, arremetió el ministro.
Mientras tanto, Santa Cruz luce vacía por el paro. Es la tónica generalizada en gran parte de la ciudad. Las calles y avenidas lucen expeditas. Son muy pocos puntos de bloqueo los que impiden la circulación de motorizados. Aún así, los vehículos que recorren la ciudad son pocos. La gran mayoría de los micros suspendieron sus servicios y la gente se traslada en motos o en taxis.
Hay que alejarse del centro de la ciudad y llegar a las ciudadelas para sentir el ajetreo de los días laborales. En la rotonda del Plan Tres Mil o en la avenida Virgen de Cotoca, por el octavo anillo, el flujo de motorizados incrementaba su frecuencia.
Un recorrido por diversas zonas de la ciudad identificó una actividad mínima en las instituciones públicas. También se observó a las instituciones bancarias listas para recibir a los pocos clientes que se acercaron.
Autoridades como el ministro Edgar Montaño y el concejal José Quiroz, también del MAS, invitaban a la población para que acuda a las instituciones. Del mismo modo, el director departamental del Segip, Alpacino Mojica, mostraba las oficinas de la institución atendiendo a la población.
En general, la población optó por quedarse en sus casas, acatar el paro y evitar confrontaciones o problemas. El paro dispuesto por el Comité Cívico se interpreta como una protesta ante un sistema judicial supeditado por el ejecutivo.
Desde la institución cívica se clama por una justicia imparcial y por el fin de la persecución política a través de la instalación de procesos a los líderes de oposición.
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