Este lunes, la Gobernación de Santa Cruz declaró alerta roja por los incendios forestales que afectan al departamento. La medida fue anunciada por el director de Recursos Naturales, Paulo Viruez.
La región cruceña registra actualmente siete incendios forestales, además de 165 focos de calor activos hasta la fecha.
"Con esto, procede la activación de los COEM municipales para poder disponer de los recursos y personal necesario para la atención a estos incendios forestales en sus respectivos municipios. De igual manera, solicitamos la aprobación de contingencia y planes de emergencia, según manda la Ley de gestión de riesgo y atención a emergencias, resaltó Viruez, enfatizando que a la fecha hay 26 municipios con niveles de riesgo alto, muy alto, y extremo de ocurrencia de incendios forestales.
Como Gobernación de Santa Cruz, estamos totalmente comprometidos en el combate de los incendios forestales, el control, la mitigación, y la liquidación total de los mismos, sin embargo, la responsabilidad de esto es de todos, reforzó el director de Recursos Naturales.
Por su parte, el gobernador Luis Fernando Camacho informó que esta semana se trasladará a las zonas más afectadas: San Ignacio, San Matías y Puerto Suárez, para entregar víveres y equipos de emergencia.
“Voy hasta San Ignacio y vuelvo para la audiencia del miércoles. Y para el jueves retorno a atender los incendios en la Chiquitania. Estamos de ida con ayuda y toda la donación que nos ha entregado la embajada de Estados Unidos”, declaró Camacho a la prensa.
El 5 de septiembre, a través de redes sociales, la autoridad señaló que la Gobernación estaba priorizando y extremando recursos para enfrentar el fuego. Como parte del plan de lucha contra los incendios, dispuso que los vehículos asignados al despacho del Gobernador, Vicegobernador, Secretarios y Asambleístas sean utilizados de inmediato en la atención de la emergencia.
Antes de esto, el 1 de septiembre, la organización Alas Chiquitanas presentó una carta dirigida a Camacho, en la que exigió “instruir medidas inmediatas de corrección, transparencia y rendición de cuentas”.
“Pese a nuestras reiteradas denuncias públicas y formales, nunca recibimos respuesta oficial de la Gobernación en ejercicio, lo que agrava la situación y puede constituir un acto de encubrimiento, complicidad o negligencia institucional”, advertía el documento sobre la Gobernación de Mario Aguilera, quienes no le daban respuesta a sus demandas.