Esta tarde se instaló la audiencia de los 10 acusados de la quema de la sede campesina ubicada en el primer anillo de la avenida Irala. La medida cautelar se lleva a cabo en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde horas antes fueron liberadas cinco personas y dos fueron condenadas por los destrozos en la Central Obrera Departamental (COD) el viernes pasado. La Fiscalía está pidiendo al juez cautelar Roberto Arias que ordene la medida extrema de detención preventiva en la cárcel de Palmasola, por el lapso de seis meses, contra los 10 imputados por los supuestos delitos de incendio, robo agravado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, tenencia o portación ilícita y atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado. Los acusados en este caso son: Álvaro Choque Pérez, Jimmy Claros Aguilera Espíndola, Juan Pablo Sánchez Gómez, Jaredt Vargas Cruz, Josué Moisés Arias Torrez, Sebastián Méndez Sevilla, David Grágeda Tali, Isidro Zelaya Fernández, Juan José Valdivia Montenegro y Luis Mateo Hurtado Gutiérrez. El equipo jurídico del Comité Cívico y otros abogados particulares que defienden a los acusados, señalan que los 10 aprehendidos no participaron en la quema de la sede campesina y denuncian que fueron torturados y capturados de manera irregular. En este segundo caso, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz es la víctima e institución denunciante, de acuerdo al cuadernillo de investigación del Ministerio Público al que tuvo acceso EL DEBER. En el primer caso, donde cinco personas fueron liberadas y dos condenadas, la Central Obrera Departamental (COD) es la parte denunciante. El cabildo del 13 de noviembre pidió la liberación de estas 17 de personas y de otras tres más (dos cívicos de Puerto Quijarro y un detenido en los enfrentamientos de La Guardia). Los familiares señalan que son acusados por delitos que no cometieron. Entre los imputados se encuentra Josué Moisés Arias Torres, un bombero voluntario, que fue aprehendido cuando acudió junto a su unidad de emergencia, a sofocar el incendio registrado en la sede de campesinos, según denunciaron miembros de los Bomberos Voluntarios Fundasol. Sulma Torres, madre de Josué, acusa a la Policía de sembrar pruebas en contra de su hijo que se encuentra aprehendido. Lo obligan a agarrar este artefacto, hay un video completo donde se ve cómo lo detienen, le pegan, lo reducen y le echan gas en la cara. Vean qué clase de policías y autoridades tenemos, a dónde más vamos a recurrir si se supone que ellos tienen que darnos seguridad. Entonces, a quién vamos a pedir protección, exclamó desesperada la mujer. Otro de los acusados es Sebastián Méndez Sevilla, quien es reportero del canal de televisión Noticias Villanas. Según su progenitor, Jorge Méndez, Sebastián estaba cubriendo los enfrentamientos que se registraban entre gremiales y bloqueadores cuando fue capturado de manera ilegal por los miembros de la UTOP. “Se presentó como trabajador de la prensa, pero igual los policías lo agarraron e hicieron desaparecer su credencial, micrófono y celular”, denunció. Wálter Gómez, abogado y tío de uno de los aprehendidos, Juan Pablo Sánchez Gómez, denunció el abuso policial de los uniformados para capturar con violencia a los que se encuentran actualmente encerrados en celdas policiales. Él salía de una casa de sus amigos y en eso llegan policías, él se asusta y corre al frente porque llegan a interceptarlo, lo agarran, castigan y someten y lo traen preso sin decir nada. Lo han golpeado en la cabeza y tiene una herida en uno de los muslos, no le han encontrado nada y después aparece como imputado por robo, reclamó.
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?