La mujer de profesión abogada, sindicada de ser socia del juez detenido por narcotráfico, recibió una orden de detención domiciliaria durante de la audiencia de medidas cautelares desarrollada este viernes, en el Palacio de Justicia de la capital cruceña.
El Ministerio Público, mediante el fiscal antidrogas, Julio César Porras, solicitó la detención preventiva por 180 días en contra de la socia; sin embargo, la justicia rechazó la misma y ordenó la detención domiciliaria de la investigada.
En plena audiencia la socia aseguró que fue contratada por el juez para trabajar en una empresa de seguridad pero que ésta, supuestamente nunca operó. Además, indicó que nunca conoció la compañía y que tiene una situación familiar compleja, estando a cargo de su bebé de diez meses y a su madre de 91 años.
La empresa de seguridad de la que sería socia la mujer, es de propiedad del juez, en la cual se halló 79 kilos de marihuana y una máquina procesadora de droga.
El fiscal confirmó que la acusada demostró frente al juez que está a cargo a un bebé delicado de salud y está a cargo de una adulta mayor, razón por la cual el juez instruyó su detención domiciliara de 24 horas, arraigo y una fianza económica de Bs 30 mil.
Insistió en que se considera la probabilidad de autoría y ante un indicio fundamental, de que es socia de la empresa de seguridad del juez Zeballos, es que se la vincula con el caso por delitos de narcotráfico. "Su vínculo es la sociedad. Hablamos de que es socia del 50% de la empresa de seguridad y sobre eso se ha basado el Ministerio Público", recalcó.
La mujer sindicada por los vínculos con el juez salpicado en un hecho de narcotráfico, lloró en la audiencia cautelar durante el uso de la palabra, alegando su inocencia. "No podemos desconocer que en Seprec (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio) hay una sociedad. Si en la investigación nos arroja otra cosa, como tenemos solamente el indicio, no es necesario tener pruebas y el indicio es que ella es societaria del 50%", sostuvo.
Por si parte, José Diego Infante, abogado de socia, aseguró que su defendida es inocente y no tienen ningún contrato con la empresa de seguridad, sino que solo se habría realizado un acta de constitución de la compañía, pero ésta nunca funcionó.
"Nunca conoció a los coimputados, no manejó la empresa, desconocía la actividad que realizaba, la razón social decía que era una empresa de seguridad, además nunca funcionó esa empresa", recalcó.
Aseguró que la mujer no aportó con dinero, aunque sostuvo que conocía al juez cuando ella era funcionara pública en un juzgado civil.
Manifestó su conformidad con la determinación del juez, con las medidas de carácter personal entre ellas el arresto domiciliario, la prohibición de acercarse a las otras personas investigadas, entre otras.
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