El intento de socializar en qué consisten los contratos que el Gobierno de Luis Arce firmó con dos empresas, una china y otra rusa, sólo aumentó la molesta de los potosinos que rechazaron dichos contratos y exigieron la nulidad de los mismos. A cambio demandan que primero se apruebe una ley que defina las reglas del juego.
En caso de que no se cumplan las demandas potosinas, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y organizaciones sociales del Sudoeste potosino, anunciaron el inicio de movilizaciones y una protesta escalonada a nivel nacional.
El descontento se refleja también en la ciudad de La Paz donde la diputada Mónica Torrez, instaló ayer una huelga de hambre y residentes potosinos realizaron un mitin de protesta frente al edificio del Legislativo.
A ese anuncio, se suman otras entidades especializadas como la Fundación Solón que observa irregularidades en los contratos para explotar el litio, exigen una revisión exhaustiva y los ajustes necesarios, en especial en las regalías, redistribución de ingresos y daños al medioambiente.
En este escenario, el Gobierno central y la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), defienden los contratos, y anuncian que el proceso de socialización continuará en Potosí con organizaciones sociales, universidades y profesionales.
Rechazo potosino El ejercicio de socializar uno de los contratos que ya fue firmado por el Gobierno con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, sucursal Bolivia, no tuvo los resultados esperados por el Gobierno que escuchó una ola de reclamos y observaciones de los potosinos que exigían a voz en cuello: “¡Anulen el contrato, anulen el contrato!”. La principal molestia de los pobladores de esa región es que después de que el Gobierno central firmó el mismo en la ciudad de La Paz y ni siquiera en la región donde está el litio, y después de que una comisión de la Cámara Baja aprobó el proyecto, los funcionarios de Estado, recién quieren contarles a los potosinos en qué consiste dicho contrato. “Para nosotros ya no hay diálogo ni socialización y menos a estas alturas cuando el Gobierno se ha hecho la burla de este pueblo bendito, nosotros ya no les creemos. ¿Socialización después que hay contratos firmados y está en puertas de ser aprobados en la Cámara de Diputados?, eso ya no pasa, primero tiene que aprobarse una ley del litio que raye la cancha para que se pueda hacer este tipo de contratos”, dijo el presidente de Comcipo, Alberto Pérez. El cívico reflejó que la tensión está a flor de piel en Potosí al punto que ayer en esa reunión que preparó el Gobierno se preveía violencia. “Los del Movimiento Al Socialismo estaban buscando que haya un enfrentamiento porque han traído (llevado hasta Potosí), gente en buses, hermanos del campo. Así no puede actuar el Gobierno. Basta de burlas”. El dirigente cívico destacó también que en el Consejo Consultivo que se realizó la noche del miércoles las organizaciones vivas de la capital potosina y del departamento decidieron realizar movilizaciones de protesta de forma escalonada en defensa del ‘oro blanco’ del Salar de Uyuni, que es la reserva de litio más grande del mundo y un atractivo turístico que está entre los más apreciados del planeta. Tras la marcha de protesta que se realizó el martes, el Comité de Movilizaciones prepara un paro departamental de 24 horas, medida que será en las próximas semanas. ¿Socialización o diálogo? En el encuentro que promovió el Gobierno los habitantes de ese departamento realizaron una ola de reclamos, denuncias y observaciones, entre ellas que se está vulnerando la Constitución Política del Estado, porque el Ejecutivo no realizó la consulta previa a la firma de los contratos. Entre los reclamos más airados se escucharon a pobladores que habitan en las orillas del Salar de Uyuni. Ellos denunciaron que el Gobierno nunca llegó hasta el lugar a socializar los contratos. “Sin consulta previa están perforando pozos y ahora alrededor de esos pozos se están secando las plantitas y eso ¿a quién va a afectar?, a nosotros que vivimos a orillas del Salar. ¡No nos vengan a engañar, nosotros tenemos derechos, como pueblos indígenas originarios, y eso dice la Constitución Política del Estado! En su debido tiempo debería socializarse, nuestras bases recién se van a interiorizar y nosotros nos vamos a levantar para hacer respetar nuestros recursos naturales”, advirtió Julia Mamani Callisaya, una campesina indígena habitante del Sudoeste potosino. Fundación Solón La Fundación Solón hizo un diagnóstico del contrato para explotar el litio y presentó sus observaciones en el tema de regalías, redistribución de ingresos, daños al medio ambiente de las comunidades. “El contrato con el consorcio chino CBC establece en su cláusula 14.2 en el parágrafo U, que no vamos a poder cambiar la cifra de regalías, que si queremos incrementar las regalías vamos a tener que compensarle a la empresa extranjera. Ese punto se debe subsanar”, dijo el investigador José Carlos Solón. También expresó sus dudas sobre el porcentaje real de regalías porque el contrato habla de dividir las utilidades, “la ganancia, no las ventas totales”. El impacto ambiental también alarma a Solón que dijo que afectará a 15 comunidades y microcuencas. ¿Qué dice el Gobierno? El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, dijo que ayer empezó en Potosí el proceso de socialización de los contratos de explotación del litio y a pesar de los reclamos y rechazo de la gente, el Gobierno continuará con esa tarea con distintos sectores y organizaciones. Sobre la ley del litio, el funcionario puntualizó que el tema está a cargo de la Asamblea Legislativa. “Todos pedían el proyecto de ley del litio. Se les ha mencionado que se esperamos que los contratos empujen el tratamiento (de este proyecto) y así se zanje el tema de las regalías”. Para Arnez, en el primer encuentro con la sociedad civil potosina refleja la intención del Gobierno de que no hay nada oculto en los contratos del litio tanto es así que se habilitó un código QR para que la ciudadanía pueda acceder a los contratos. “Toda la población potosina tiene el contrato (…) Ya nadie puede decir que el contrato es un oscurantismo porque ya todos tienen el contrato”, dijo Arnez.