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Organizaciones de periodistas rechazan cobros para cubrir el Carnaval de Oruro y advierten una restricción al derecho a la información

Martes, 03 de febrero de 2026 a las 17:52
El Carnaval de Oruro es patrimonio de la humanidad desde 2001. Foto: EFE

Dirigentes del gremio sostuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Turismo en la que se acordó que el sábado 14 de febrero la Policía permitirá la cobertura irrestricta del Carnaval.

Las tarifas diferenciadas para la acreditación de periodistas en la cobertura del Carnaval de Oruro 2026 reabrió un debate de fondo sobre libertad de prensa, ética periodística y acceso a la información, en un evento que ostenta la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) rechazaron de manera categórica cualquier cobro por acreditación, al considerar que ningún periodista puede ni debe pagar por ejercer su trabajo.

En un pronunciamiento conjunto, ambas entidades calificaron la medida como “reprochable” y advirtieron que condicionar la cobertura informativa al pago de una tarifa constituye una restricción inaceptable al derecho de la población a estar informada.

“Pagar tarifas arbitrarias por trabajar y cubrir una manifestación cultural tan importante para Bolivia y el mundo no tiene parangón en ninguna otra parte del territorio nacional ni en los principales eventos masivos a nivel mundial”, señala el documento fechado en La Paz el 3 de febrero.

Tarifas en disputa

El conflicto se origina a partir de un tarifario anunciado por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro (STPO), que fija cobros de Bs 20 para periodistas locales, Bs 80 para periodistas nacionales y Bs 100 para corresponsales internacionales, principalmente para el acceso a palcos oficiales ubicados en la avenida Cívica, uno de los tramos centrales del recorrido.

Desde el sindicato, su dirigencia defendió la medida argumentando que la acreditación no es obligatoria y que los periodistas pueden realizar su cobertura desde otros sectores de la ciudad. Sin embargo, para las asociaciones nacionales e internacionales de prensa, la existencia misma del cobro sienta un precedente negativo y erosiona el principio de libre ejercicio del periodismo.

Las organizaciones recordaron que el Carnaval de Oruro, al ser una manifestación cultural reconocida por la Unesco, debe tener una difusión amplia y sin restricciones, conforme a estándares y disposiciones internacionales.

En ese marco, la ACPI ya había advertido en gestiones anteriores que cobrar por cubrir un evento patrimonial contradice el espíritu de la declaratoria internacional, que promueve la visibilidad y preservación de estas expresiones culturales a través de su difusión global.

A este criterio se suma el análisis de la Fundación Gabo, que aborda el tema desde la ética periodística y advierte que pagar por acceder a la información convierte a esta en una mercancía, contraria a su naturaleza de bien social.

Cobertura irrestricta

En medio de la controversia, ANPB y ACPI informaron que sostuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, en la que se acordó que el sábado 14 de febrero la Policía Boliviana permitirá la cobertura irrestricta del Carnaval.

El acuerdo establece que las y los periodistas podrán circular libremente por la ruta de la Peregrinación hacia la Basílica Menor de Nuestra Señora del Socavón, siempre que porten su equipo de trabajo y estén debidamente identificados con la credencial de su medio de comunicación.

Las asociaciones gremiales instaron a los periodistas, tanto nacionales como internacionales, a asistir a la cobertura sin pagar acreditaciones y a documentar cualquier represalia, hostigamiento o impedimento al ejercicio periodístico para su posterior denuncia ante las instancias correspondientes.

Más allá del Carnaval de Oruro, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Bolivia: los límites entre organización logística, control de espacios públicos y el respeto al trabajo periodístico.

Para los gremios de la prensa, el riesgo no está solo en el monto del cobro, sino en la normalización de prácticas que condicionan el acceso a la información, especialmente en eventos de interés público y cultural.

“El derecho a informar y a ser informados no puede estar sujeto a tarifas”, subraya el pronunciamiento, en un llamado a preservar no solo la esencia del Carnaval de Oruro, sino también los principios básicos de una sociedad democrática.

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