Lo que debía ser una jornada política terminó en un violento escenario de agresiones contra periodistas. La eventual inscripción del expresidente Evo Morales como candidato para las elecciones del 17 de agosto derivó en una marcha multitudinaria en La Paz, que escaló en enfrentamientos entre sectores afines al exmandatario y efectivos de la Policía Boliviana.
En medio del caos, al menos seis trabajadores de la prensa resultaron heridos, entre ellos tres corresponsales de medios internacionales.
Las agresiones fueron condenadas por la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) y por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), que emitieron comunicados exigiendo garantías al Gobierno y al Ministerio de Gobierno para el ejercicio seguro del periodismo en el país. A estos llamados de atención se sumó la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que también emitió un pronunciamiento exigiendo garantías.
Uno de los hechos más preocupantes ocurrió en la intersección de las calles Sánchez Lima y Rosendo Gutiérrez, cerca de la plaza Abaroa, donde se encuentran las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Manifestantes intentaron llegar al lugar, pero hubo violencia y la Policía respondió con gases lacrimógenos y balines de goma. Un fotoperiodista y un videógrafo internacionales —debidamente identificados y equipados con chalecos y cascos de prensa— recibieron disparos de proyectiles a corta distancia. El primero fue impactado en el pecho y luego en un brazo, donde sufrió una lesión. El videógrafo también fue alcanzado por un balín en el pecho, aunque sin heridas gracias a su protección.
Otro reportero, colaborador de una agencia asiática, fue atacado directamente con gas pimienta lanzado por un policía a su rostro durante varios segundos, lo que le provocó una descompensación. Fue auxiliado por colegas.
La ANPB también reportó que periodistas de los canales Unitel y Cadena A, así como un reportero freelance, fueron atacados por manifestantes que arrojaban piedras y objetos contundentes, mientras la Policía respondió con gasificación indiscriminada y más disparos de balines. Aunque algunos contaban con chalecos antibalas, los impactos reflejan una alarmante falta de garantías para el trabajo periodístico.
“La violencia provino tanto de los manifestantes como de las fuerzas del orden, lo que evidencia una falta de respeto generalizada hacia el trabajo de la prensa”, señala el pronunciamiento de la ANPB.
Ambas asociaciones exigieron investigaciones inmediatas, imparciales y eficaces para identificar y sancionar a los responsables, sin importar si pertenecen a la Policía o a los grupos movilizados. También recordaron que el trabajo de la prensa está protegido por la Constitución y tratados internacionales, y que su labor es esencial para el funcionamiento de la democracia.
“¡El derecho a informar no se reprime ni se silencia!”, concluye el comunicado.
Los hechos registrados en La Paz no son aislados. Se suman a un patrón reiterado de agresiones contra periodistas en contextos de conflictividad política, sin que hasta ahora las autoridades actúen con la debida diligencia.
La ACPI advirtió que situaciones como estas pueden derivar en fatalidades y demandó al Gobierno de Bolivia que instruya a la Policía a actuar con proporcionalidad y a respetar las credenciales y la seguridad de los periodistas en campo.
Los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazaron las agresiones físicas y verbales contra los reporteros que ayer cubrieron las incidencias de la marcha de los simpatizantes de Morales y su enfrentamiento con la Policía.
Es incomprensible la actitud y rechazo al trabajo de medios independientes que ocupan sus espacios informativos para reportar las protestas de un sector social que, simultáneamente, ataca con violencia y agresiones verbales a quienes informaron a sus audiencias durante esta y otras jornadas, señaló la ANP.