Luego de conocerse la acción popular presentada en Beni para descabezar a todo el Órgano Judicial, los diputados que conformarán la próxima Asamblea Legislativa afirmaron que ya tienen los consensos necesarios para impulsar una elección judicial que complete el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aunque barajan la otra alternativa, la reforma judicial.
“Aquí hay muchas salidas, pero la primera salida es sacarlos con fuerza pública, luego nosotros seguramente en coordinación de bancadas con el presidente vamos a tomar la decisión. En base a los criterios que se manejen, existen los consensos necesarios, lo importante es recuperar el estado de derecho”, dijo el diputado Alejandro Reyes, uno de los pocos legisladores que repetirán mandato, esta vez de la mano de Unidad.
Para complicar más el panorama judicial, en el Tribunal de Justicia del Beni, surgió una demanda que intenta dejar a todos los autoprorrogados y a los magistrados electos fuera de sus cargos. Esa acción popular está en pie y la audiencia debe ser fijada nuevamente.
El 6 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, pidió la renuncia de los cinco autoprorrogados del TCP y advirtió con acciones que luego se plasmaron en hechos pues presentó su denuncia ante el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Este lo remitió a la Asamblea para que se inicie un juicio de responsabilidades contra Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navia, Julia Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Gallardo Sejas.
Esa acción mereció la crítica inmediata de distintos sectores pues los legisladores consideraron que después de diciembre de 2023 el mandato de los autoprorrogados es ilegal, por tanto, no merecen un juicio de privilegio sino un juicio ordinario. Esa acción sucedió el 8 de octubre pasado y este 22 se presentó la acción popular en Beni contra las cabezas del Órgano Judicial.
Constitucionalmente, la nueva Asamblea debe preseleccionar a cinco magistrados para el TCP y dos para el TSJ. Luego el tribunal electoral debe organizar unas nuevas elecciones judiciales de donde emergerán los nuevos magistrados que reemplazarán a los autoprorrogados, lo que significará un nuevo gasto económico para los bolivianos.