Nueve irregularidades rodean la creación de Botrading S.A., la empresa que se creó en Paraguay con capital de YPFB Corporación, la cual se adjudicó 12 millonarios contratos, que dieron lugar al inicio de una investigación legislativa y otra penal por un presunto daño económico de $us 857 millones.
“A raíz de estas conclusiones, desarrolladas en el informe de la comisión especial, se estableció lo siguiente: 1. Botrading S. A. nunca perdió (las licitaciones), ya que, en los 12 procesos de contratación revisados se demostró que se les adjudicaron todos, incluso en casos en los que existían otros proponentes que ofrecían el mismo servicio a un menor costo”, señala la primera de las nueve irregularidades hechas por miembros de la Comisión Especial del Legislativo que indagó el caso, texto que posteriormente fue incluido en la denuncia penal ante la Fiscalía.
“En dos casos se optó por adjudicar el servicio tanto a Botrading S.A. como a otro proponente, pese a que el segundo ofrecía un servicio más barato y eficiente, por lo que se debió descalificar de forma automática a Botrading S.A.”, menciona el documento al que EL DEBER tuvo acceso.
Daño económico
Uno de los miembros de dicha comisión, el diputado Carlos Alarcón, aseveró que dichas conclusiones se fundan en datos de documentos emitidos por la misma YPFB Corporación, de los cuales se extrajo, inicialmente, un estimado de $us 355 millones de daño económico, que en a la conclusión del informe subió a $us 388 millones. Asimismo, se habla de “contratos fantasmas” y “contratos con sobreprecio” en favor de la empresa creada en la gestión de Evo Morales, pero que durante la presidencia de Luis Arce cambió de nombre.
Sin embargo, en entrevista con EL DEBER, el fiscal del caso, Omar Yujra, señaló que los hechos relatados en la denuncia tienen un carácter general, varias imprecisiones y, con el fin de conocer los detalles, se emitieron requerimientos y se realizaron varias intervenciones en oficinas de YPFB Corporación en Santa Cruz.
En esas oficinas los funcionarios presentaron documentos de todos los procesos de contratación de Botrading, los cuales no fueron solicitados por los legisladores para su investigación y, de acuerdo a los implicados, justifican de forma legal los negocios realizados con y a través de esta empresa.
Yujra precisó que fue durante una de estas intervenciones que el personal de YPFB mostró documentos sobre otras transacciones, que sumaban al menos $us 857 millones, cifra que figura en la imputación que se presentó contra el exgerente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen y otros cinco funcionarios.
Empresa fantasma
“2. Botrading S. A. sería una empresa fantasma, que deliberadamente se constituyó en un país distinto para escapar de la legislación y fiscalización boliviana. Es tal el carácter ficticio de dicha empresa que solo contaría con tres empleados y sus supuestas oficinas son un despacho jurídico y no así una sede empresarial”, señala la segunda conclusión del informe legislativo ante la Fiscalía.
En el punto tres, los legisladores cuestionan la conformación de la empresa Botrading S.A. en la República de Paraguay, territorio que pese a ofrecer ventajas para inversiones, es un país mediterráneo como Bolivia, toda vez que las importaciones de combustibles se realizan a través de puertos sobre el mar, por lo que tenía mucho más sentido crear una empresa en países con salida al mar.
En la cuarta conclusión se menciona que “uno de los funcionarios de alta jerarquía de YPFB, que en su momento fue parte del directorio de Botrading S.A., Julio Camargo”, adquirió las acciones que tenía esa empresa, ahora presidida por Sandra Bethania Otazu (súbdita paraguaya), sin pagar por ellas, ya que la representante las transfirió a título gratuito, pero que Camargo, supuestamente, las revendió a YPFB Logística por la suma de $us 117.758, es decir, “obtuvo una ventaja económica para sí mismo a costa del Estado”, dice el documento.
En la quinta conclusión se menciona que la mayor parte de los contratos adjudicados a Botrading, se adjudicaron “sin convocatoria”, es decir, por invitación directa. En el sexto punto describen que en varias contrataciones solo se presentó o invitó a Botrading.
La séptima irregularidad se trata de la falta de justificación jurídica para esas adjudicaciones por invitación directa. En su octava conclusión, los legisladores elevan el cálculo del posible daño económico, debido a compras con sobreprecio, hasta $us 388 millones, luego de detectar un presunto sobreprecio de $us 5 millones.
Finalmente, en la novena conclusión se detalla que Botrading no contaba “con la infraestructura necesaria para el almacenamiento de combustible, flota de transporte especializada, innovaciones tecnológicas y capacidad de refinación o procesamiento. Al contrario, implicaba mayores gastos para el Estado Boliviano, máximo si se consideraba que la intermediación de esta empresa no tenía ninguna justificación técnica”, se menciona.