La Comisión de la verdad de los Hidrocarburos, que investiga el caso Botrading, determinó abrir un nuevo proceso por el préstamo irregular de $us 80 millones otorgado por YPFB Refinación S.A. a la subsidiaria. El procurador general del Estado, Hugo León La Faye, informó que en esta nueva causa las investigaciones superan las 20 personas implicadas y que solo se recuperó $us 25 millones del crédito estatal.
“En la segunda denuncia son hechos nuevos que tienen que ver con un préstamo que le ha hecho el Estado boliviano a Botrading por $us 80 millones, de los cuales solamente tenemos identificados 25 millones, y el resto de esa cantidad increíble de dinero quedaría sin poder identificar. En el caso Botrading I que lleva la Fiscalía son nueve personas investigadas, en la imputación en el caso Botrading II superamos los 20”, sostuvo el Procurador.
El préstamo irregular
En mayo de 2025, una comisión especial de investigación de la Asamblea Legislativa que investigó el caso, determinó que la subsidiaria Botrading S.A. recibió un crédito de $us 80 millones otorgado por YPFB Refinación S.A., su accionista mayoritario, que además actuó como financiador, asesor y garante de los contratos adjudicados por YPFB.
Según el informe de la comisión, el contrato de préstamo inicial, firmado el 8 de febrero de 2023, fue por $us 18 millones, a este monto se sumó una primera adenda, fechada el 19 de mayo de 2023, por $us 40 millones, y posteriormente una segunda adenda, del 10 de abril de 2024, por $us 22 millones.
En septiembre, el entonces gerente de Asuntos Legales de YPFB Refinación, Eduardo Saucedo, admitió el préstamo para que Botrading comience sus operaciones, pero no supo precisar cuándo se devolvería la totalidad del crédito.
“Ha habido un préstamo de 80 millones de dólares que en su momento financió YPFB Refinación. Básicamente en este momento no es posible determinar en qué fecha o que año van a retornar esas utilidades, pero lo cierto es que en un 100% seguro de que van a retornar”, aseguró Saucedo durante un desayuno trabajo con periodistas en aquella oportunidad.
Saldo desconocido
El presidente de YPFB, Yussef Akly, señaló que la investigación busca esclarecer el destino de $us 55 millones y cómo se utilizaron los fondos, así como la participación de directorios y exautoridades de YPFB, entre 2023 y 2025.
“La devolución de ese fondo ha sido parcial, son esos $us 25 millones, y por supuesto lo que se está haciendo ahora es investigar el saldo, cómo se han desplazado esos recursos, en qué se han utilizado, esa es una parte”, indicó.
Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó que en el caso Botrading I, el perjuicio estimado es de aproximadamente medio millón de dólares.
“Sobre el daño económico al Estado, aquí la hipótesis de trabajo es que en el caso de Botrading I, estamos hablando como de medio millón de dólares, y en el caso de Botrading II, de los $us 80 millones que se asignaron a esta empresa, no se tiene conocimiento qué sucedió con 55 millones”, indicó.
Dorgathen en Brasil
El procurador León La Faye informó que se solicitó la cooperación de Brasil para ubicar al expresidente de YPFB Armin Dorgathen, quien es uno de los principales imputados en el caso Botrading I, junto a otros cinco exfuncionarios, por presuntas irregularidades en contratos y operaciones de importación de combustibles. El Gobierno espera que en esta semana se defina la audiencia cautelar contra Dorgathen.
“Se está pidiendo la cooperación del Gobierno del Brasil para poder ubicar el lugar donde se encuentra esta persona y en el transcurso de la semana seguramente vamos a tener ya señalada la audiencia de medidas cautelares, a solicitud claro del Ministerio Público lo que nos va a permitir ya en definitiva activar el resto de los mecanismos”, informó la autoridad.
Recientemente se difundió un video en el que increpan a Dorgathen, en Brasil, llamandoló “ladrón, pícaro, delincuente”.
El viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García, señaló que también se determinó promover una investigación de tipo patrimonial que se realice en paralelo. “Creemos que todos estos desórdenes jurídicos - administrativos han tenido como finalidad la legitimación de ganancias o el enriquecimiento ilícito de exfuncionarios, exautoridades o particulares”, apuntó.