El acuerdo suscrito entre el alcalde de La Paz, Iván Arias y los choferes de servicio público sobre las nuevas tarifas de transporte fue revocado con una ley sancionada por unanimidad en el Concejo edil paceño. La decisión despertó la emergencia de los transportistas que llamaron de inmediato a un ampliado.
“Esta ley, que fue aprobada por unanimidad en el Concejo por los seis concejales que estábamos presentes (…) tienen un proceso para ser promulgada por el Ejecutivo o promulgada de oficio por el Concejo Municipal de La Paz”, precisó la vicepresidenta de esta instancia municipal, Roxana Pérez del Castillo.
El 25 de febrero el alcalde de La Paz, Iván Arias, pactó con los choferes el incremento de las tarifas del servicio público en un 20% para todos los tipos de transporte y remitió el proyecto de ley municipal al legislativo.
Sin embargo, este miércoles el Concejo no solo no tomó en cuenta el proyecto ‘Ley Municipal Autonómica de Vigencia de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros’, sino que aprobó otro que congela el costo del pasaje a la tarifa anterior, es decir Bs 2,00 para los minibuses, principalmente.
“El Ejecutivo tomó conocimiento público de una decisión de la bancada del MAS, no conocemos a detalle cuáles son las características, el marco constitucional y legal que se haya asumido. Cuando tengamos la información oficial, haremos la revisión correspondiente”, dijo el director de gobernabilidad del municipio paceño, Gonzalo Barrientos.
Los transportistas también se enteraron de la decisión del legislativo municipal y de inmediato convocaron a un ampliado que se realizará el jueves y en que analizarán esta decisión. Los choferes estaban a punto de declarar paro indefinido de transporte, antes que Arias aceptara el incremento del 20% para las tarifas.
El Concejo dejó pasar 10 días antes de tomar una decisión sobre los pasajes; desde el 26 de febrero los transportistas ya cobran las nuevas tarifas pese a un débil pronunciamiento de las juntas vecinales que están atomizadas en La Paz.
La única promesa que hizo el municipio es salir a controlar el trameaje y el pago de la ‘tarifa diferenciada’ que contempla el acuerdo para escolares y adultos mayores. Por procedimiento administrativo Arias tiene 10 días para promulgar u observar la ley sancionada; de lo contrario promulgará la ley la presidenta del Concejo.