Este martes se conoció la decisión de una sala penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó remitir todos los obrados a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que esta instancia se pronuncie sobre el caso EBA. Entre las decisiones que deberá asumirse desde la Fiscalía General, tendrán que determinar si el caso tiene pruebas suficientes para avanzar y, en caso de ser afirmativa la respuesta, considerar un juicio de responsabilidades contra la expresidenta, Jeanine Áñez. A su vez, esta saludó la decisión y ya identificó a jerarcas del gobierno para procesarlos.
“El Tribunal Supremo de Justicia ha determinado que a una ex Presidente de Bolivia le correspondía que sea el Fiscal General del Estado el que emita la proposición acusatoria, previa investigación responsable y seria (no como los 9 procesos inventados donde han creado acusaciones sobre pruebas falsas de las que nunca participé) y la remita a la Sala Penal del TSJ, como lo manda la Constitución”, señala una publicación en la cuenta de la expresidenta.
La exmandataria se encuentra detenida en el penal de Miraflores desde marzo de 2021 acusada de haber perpetrado un supuesto golpe de estado contra el también expresidente Evo Morales. Áñez reclamó permanentemente un juicio de responsabilidades en su calidad de exmandataria, pero las autoridades de Gobierno, jueces y fiscales le negaron ese derecho. Con la decisión del TSJ a su favor, Áñez identificó a ocho jerarcas del Gobierno que violentaron sus derechos.
En concreto, la exmandataria señaló al ex ministro Eduardo Del Castillo; el ex comandante de la Policía y actual viceministro, Jhonny Aguilera; el expresidente, Evo Morales; el ex ministro de Justicia, Iván Lima Magne; el ex fiscal general Juan Lanchipa; el ex procurador, Wilfredo Chávez; el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y finalmente el presidente Luis Arce Catacora.
“Ya se van, pero no lejos, al banquillo de los acusados, con la diferencia de que, Dios mediante, la justicia les otorgará todas las garantías para que prueben lo contrario”, advirtió la exmandataria en su mismo mensaje en la que adjuntó las cuatro páginas de la decisión de los magistrados de Sucre.
El caso EBA (Empresa Bolivia de Alimentos) inició en 20222. Se acusada a la expresidenta de autorizar nombramientos ilegales (en 2020) en favor de un supuesto al nombrar como directora de EBA a una supuesta familiar. Según la denuncia, dicha persona no cumpliría los requisitos, lo que supone una falta administrativa. El caso se sumó a los procesos que ya afrontaba la expresidenta.
Ahora, la expresidenta, luego de esta decisión, también presentó el mismo argumento por el caso Senkata, que se ventila en la ciudad de El Alto. La próxima semana está prevista la audiencia sobre este caso y tal como prevé su defensa también será apartada del juicio y puede recuperar su libertad.