La Fiscalía de La Paz abrió cuatro procesos penales contra nueve afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) aprehendidos durante los enfrentamientos registrados el lunes en el centro paceño, particularmente en la avenida Mariscal Santa Cruz. Los investigados son sindicados por destrozos, instigación pública a delinquir y daños a bienes del Estado, tras una jornada de protestas que derivó en hechos de violencia.
De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, los aprehendidos habrían arremetido contra la integridad de personas y efectivos policiales mediante el uso de petardos y otros objetos contundentes, además de ocasionar daños materiales en distintos puntos del centro de la ciudad con el uso de dinamitas.
En el primer caso, la fiscal Jenny Benítez informó que cuatro marchistas fueron imputados por el delito de instigación pública a delinquir, al ser identificados promoviendo destrozos y el uso de petardos contra policías y transeúntes. Para este grupo, el Ministerio Público solicitó detención domiciliaria.
Un segundo proceso, a cargo del fiscal Aldo Meza, involucra a un marchista del sector fabril acusado de instigación pública a delinquir y destrucción de bienes del Estado. Según la investigación, el sujeto fue capturado en inmediaciones del Obelisco y habría causado daños a una motocicleta policial.
En el tercer caso, el fiscal Miguel Cardozo señaló que dos mineros de Huanuni fueron aprehendidos en posesión de petardos, piedras y hondas. Para ambos se solicitarán medidas sustitutivas a la detención, mientras avanzan las diligencias investigativas.
Finalmente, un cuarto proceso, dirigido por el fiscal Omar Mejillones, comprende a otros dos aprehendidos por daños a jardineras de la avenida Mariscal Santa Cruz, donde la Alcaldía de La Paz figura como denunciante.
La Fiscalía precisó que los hechos se produjeron durante una movilización de la Central Obrera Boliviana que derivó en enfrentamientos con la Policía Boliviana. El Ministerio Público reiteró que continuará con las investigaciones dentro de los plazos legales para esclarecer responsabilidades y garantizar el debido proceso.