La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) denunciaron un violento atentado contra un periodista ocurrido en la ciudad de El Alto, hecho que fue calificado como un intento de asesinato dirigido a silenciar su labor informativa.
De acuerdo con el pronunciamiento conjunto de ambas organizaciones, el ataque ocurrió la madrugada del jueves 12 de febrero, alrededor de la 01:00, luego de que el comunicador —cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad— cubriera un acto de campaña electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela. Tras retirarse a su domicilio, fue interceptado por desconocidos, reducido por la fuerza e introducido en un vehículo.
Según el reporte de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de El Alto (FSTPEA), la víctima fue trasladada aproximadamente 15 kilómetros hasta un terreno baldío en la zona de Kiswaras, donde fue agredida y amenazada por sus captores, quienes le habrían advertido que el ataque tenía el objetivo de callarlo por su trabajo periodístico.
El periodista fue auxiliado y trasladado al Hospital Corea, donde fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente recibió el alta médica. El sábado formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y se sometió a una valoración forense en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Las organizaciones de prensa señalaron que el testimonio de la víctima da cuenta de una intención directa de atentar contra su vida.
La ANPB y la CSTPB sostienen que el hecho no puede ser interpretado como un caso aislado de inseguridad ciudadana, sino como un acto premeditado de amedrentamiento contra la labor periodística, ya que, además de la violencia ejercida, los agresores sustrajeron herramientas de trabajo del comunicador.
Las entidades advierten que este atentado se inscribe en un contexto persistente de violencia contra periodistas en el país, alimentado por la impunidad. Señalan que la falta de investigaciones rápidas, independientes y transparentes en casos anteriores genera un escenario que alienta nuevas agresiones contra la prensa.
En ese marco, las organizaciones exigieron a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que permita identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque, además de garantizar medidas de protección efectivas para el periodista afectado y su familia.
El pronunciamiento fue emitido en La Paz el 15 de febrero de 2025 y se suma a los reiterados llamados del sector de la prensa para que el Estado garantice condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país.