Cívicos exigen el inicio del proceso de revisión del Pacto Fiscal

Comités cívicos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija,a través de una resolución, resolvieron exigir al nuevo gobierno a ser electo en las urnas y las instancias competentes, el inicio inmediato de la revisión del Pacto Fiscal.

El acuerdo debe estar sustentado en base a los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2024.

Representantes de los cinco Comités cívicos se reunieron este martes en la ciudad de Cochabamba para abordar este tema y otras demandas.

"Se busca garantizar una distribución equitativa de recursos en cada departamento y municipio, que permita a todas las regiones ejercer sus autonomías de manera efectiva, afirmó el coordinador del movimiento cívico nacional y presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira.

Asimismo, piden al Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Viceministerio de Autonomías y Ministerio de Economía, elaborar una propuesta técnica de diálogo para el nuevo Pacto Fiscal a ser presentada ante la Comisión Nacional de Autonomías en un plazo de seis meses a partir de la publicación oficial de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024.

Por otro lado, el movimiento cívico nacional solicita la incorporación de los Comités cívicos en el proceso de elaboración de la propuesta, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Participación y Control Social.

También exigen al actual Gobierno y al que asuma, garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.

A esto se suma la petición a la Asamblea Legislativa Plurinacional a no tratar acciones administrativas y legales sobre los contratos de la explotación del litio que deben ser considerados en la nueva legislatura.

Gira dijo que en este punto, se demanda la aprobación de la nueva Ley del Litio y Recursos Evaporíticos propuesta por el departamento de Potosí para reglamentar y transparentar contratos con el Estado.

Agregó que el movimiento cívico nacional decidió, en su sexto punto de la Resolución, la restitución constitucional del nombre de la República de Bolivia en la próxima gestión de gobierno y legislativa, con la abrogación de los Decretos Supremos 405 y 408 del 2010.