El fiscal departamental de La Paz, Carlos Tórrez, informó que se levantó la reserva del denominado caso “Consorcio”, una investigación sobre la denuncia de manipulación de un proceso judicial para forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia Fanny Coaquira.
“El tema de la reserva ha vencido el viernes (…) La comisión de fiscales evaluó y concluyó que no era pertinente ampliarla. Por ello, las partes procesales, abogados y la opinión pública tienen acceso a la información del caso”, explicó el fiscal.
Durante el periodo de reserva, dos vocales prestaron su declaración en calidad de testigos, porque fueron mencionados por los siete investigados y que actualmente cumplen medidas cautelares. Un octavo implicado continúa prófugo de la justicia y cuenta con mandamiento de aprehensión.
El Ministerio Público también informó que se procederá al desprecintado del despacho del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, uno de los principales implicados, con el objetivo de realizar nuevos actos investigativos y viabilizar la designación de una nueva autoridad judicial en la región.
Entre las nuevas acciones en curso,el fiscal Tórrez confirmó que se emitieron citaciones para que los vocales Samuel Mita y Edwin Alejandro Altamirano declaren también en calidad de testigos. Hace unos días, Tórrez explicó que la investigación comenzó el 11 de junio, tras una denuncia verbal presentada por la Unidad de Transparencia y Control del Consejo de la Magistratura. La denuncia alertaba sobre una decisión del juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza, quien emitió una resolución contraria a la Constitución para inhabilitar a la magistrada del Tribunal Supremo de Justica por La Paz, Fanny Coaquira. En respuesta, se conformó una comisión de fiscales que se desplazó a Coroico junto con representantes del Consejo de la Magistratura y efectivos de la Policía Boliviana. En el despacho del juez se hallaron indicios de participación de otras personas en el hecho. El juez Lea Plaza fue aprehendido e imputado por los delitos de tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia, falsificación de sellos y papelería oficial, y tenencia indebida de documentos. La autoridad judicial dispuso su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro. A partir de su declaración ampliatoria, el Ministerio Público convocó a otras personas: La exvocal Claudia Marcela Castro, el magistrado Iván Ramiro Campero y el exministro de Justicia César Siles, este último guardando detención preventiva en el penal de Patacamaya. Sobre el caso