Los primeros días de la gestión de Rodrigo Paz Pereira ofrecieron señales que devolvieron un mínimo de certidumbre a una economía exhausta. El restablecimiento del suministro de carburantes permitió que desaparecieran las filas de gasolina y que el transporte público, el sector interdepartamental y el aparato productivo recuperaran parte de la normalidad perdida. No fue un logro menor: la crisis del diésel había puesto en jaque a miles de usuarios y había profundizado la percepción de un Estado sin capacidad operativa para atender lo urgente.
A esa señal se sumó otra no menos relevante: la caída del precio del dólar paralelo, tanto en las casas de cambio como en las plataformas digitales. El movimiento fue suficiente para que el Banco Central de Bolivia decidiera publicar, después de años de opacidad, precios referenciales diarios del dólar. Si bien esta acción no resuelve la fragilidad cambiaria, constituye un paso hacia la transparencia y reconoce que el mercado ya no puede ser administrado únicamente desde la retórica oficial.
El Gobierno también anunció la eliminación de cuatro impuestos, una medida que, de concretarse, tendría efectos económicos y simbólicos importantes. Sin embargo, estos anuncios no se han traducido en proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa, por lo que siguen siendo promesas pendientes que requieren un tratamiento normativo urgente y realista.
A la par, emergieron graves escándalos de corrupción en YPFB y en EMAPA, casos que revelan fallas profundas en la gestión de empresas públicas estratégicas. La manipulación opaca de la subvención a la harina no solo expuso vulnerabilidades institucionales, sino que derivó en un conflicto económico y social en el occidente: el precio y el peso del pan de batalla que se convirtieron en termómetros de una crisis inocultable.
En el fondo, persiste un debate impostergable: el costo y la sostenibilidad de las subvenciones estatales. Por años, estas políticas construyeron una burbuja artificial de precios bajos que benefició a la población, pero que hoy presiona al erario, genera incentivos perversos y dificulta la planificación fiscal. La gran decisión que el país espera es cuándo y cómo el Gobierno abordará el inevitable ajuste al subsidio a los hidrocarburos, un tema que no admite dilaciones.
A esta ecuación ya compleja se suman presiones crecientes de sectores sociales que exigen diferimientos de pagos a la banca, controles estrictos de precios o el mantenimiento de alimentos a bajo costo, demandas compresibles, pero de compleja resolución.
El ministro de Economía ha manifestado la intención de reducir en un 30% el déficit fiscal, meta ambiciosa para un Estado que enfrenta restricciones severas. Pero la economía no se define solo en cifras; también la moldean las percepciones, los lenguajes y las estrategias políticas. Y en este terreno, la administración aún muestra vacíos que deben ser llenados con claridad y decisiones coherentes.
El Gobierno ha optado por darse tiempo hasta marzo de 2026, cuando presente un nuevo Presupuesto General del Estado. Esta visión contrasta con la de varios expertos que señalan que otros países en crisis optaron por medidas inmediatas. Hoy el presidente goza de popularidad, pero no se descartan tiempos difíciles que exijan sacrificos políticos en favor del bien colectivo. Será entonces cuando se medirá la verdadera talla de estadista que demanda este momento histórico.
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