Cuando Roberto Julio Castro Salazar asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, con el voto de 120 legisladores de los 121 presentes en sala, estaba convencido que esta legislatura sería diferente. Ese día, los discursos hablaban de consenso, de unidad y de hacer las cosas de modo diferente. Nadie quería repetir las turbulentas sesiones de la pasada legislatura, aquella que se caracterizó por insultos, peleas y bochornos.
Castro agradeció la posición de todos y cada uno de los diputados. Estaba convencido en la posibilidad de avanzar con acuerdos, consensos políticos y trabajo, mucho trabajo, de coordinación con las brigadas. La distribución de las comisiones y los comités fue un ejemplo palpable de esta lógica de entendimiento.
Es cierto que, en esa oportunidad hubo alguna disidencia. Fueron al interior de las bancadas y fruto del descontento interno que se vive en algunas agrupaciones con representación parlamentaria. Normal cuando los 130 diputados buscan un espacio protagónico.
La prueba de fuego llegó el martes con el tratamiento de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales. Esta ley, más conocida como ley para las elecciones subnacionales 2026 -algún momento habrá que reflexionar sobre ese término de subnacional- pasó por el Senado el jueves pasado sin complicaciones. Hubo debate, discrepancias. Hubo cambios. Y se impuso el acuerdo, el consenso.
La aprobación final de la ley pasaba por la Cámara de Diputados. Castro tomó sus previsiones. Quiso sesionar con tiempo. Pero los diputados benianos y algunas brigadas departamentales le recordaron que el lunes ‘había otros compromisos’. Conciliador y paciente, el titular de la Cámara volvió a insistir en la relevancia de la ley y la importancia de sesionar de manera pronta y sensata.
En ninguna de sus pesadillas legislativas – que parece tendrá muchas más- se imaginó el diputado chuquisaqueño la escena que vivió el martes. Al viejo estilo de la pasada legislatura, la discusión por la modificación del orden del día se prolongó por más de cuatro horas. Sí, cuatro horas para discutir si primero se leían unas cartas o se entraba al tratamiento de la ley. Cuatro horas de discusión, más una de votación nominal, para dar paso a la lectura de la correspondencia, que se ventiló en apenas unos 30 minutos.
La terquedad de unos y otros fue el anticipo de un problemático tratamiento de una ley corta, de apenas cinco artículos y tres disposiciones transitorias (menos de tres hojas), que se extendió por casi 48 horas. La demora mantuvo en jaque, durante todo ese tiempo, al Tribunal Supremo Electoral y al proceso de renovación de autoridades municipales y departamentales previsto para marzo de 2026. El riesgo, advertían, sería una nueva prórroga de autoridades.
¿Qué demoraba entonces la aprobación de la ley? En los entretelones del debate se evidenció el foco de las disputas: la polémica disposición transitoria primera. En ella se pone un plazo, un límite, para la participación de las organizaciones políticas. Sólo aquellas que cuenten con personería jurídica regularizada ante el Órgano Electoral 90 días antes de la convocatoria a elecciones podrán participar de las elecciones, lo que excluye a varias alianzas políticas y deja camino libre para otras.
Más allá de la disputa por los intereses de unos y otros, lo único que, hasta ahora, parece no tener límite, es la paciencia de Roberto Castro para aguantar a los inquietos diputados.
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