A once días de la vigencia del Decreto Supremo 5503, el balance inicial exige una lectura serena, rigurosa y despojada de consignas. La medida fue inevitable y necesaria, no por una pulsión tecnocrática ni por un mandato ideológico, sino porque el subsidio a los hidrocarburos se había convertido en una distorsión estructural que drenó recursos públicos, incentivó ineficiencias y terminó castigando, paradójicamente, a quienes decía proteger. No fue casual que el tema ocupara el centro de la discusión durante la campaña electoral más larga de la historia democrática: el problema ya no admitía eufemismos ni postergaciones.
El decreto cumplió, en sus primeros días, un objetivo clave: estabilizar la provisión de combustibles. En un país donde la escasez se había vuelto rutina y la incertidumbre parte de la vida cotidiana, ese dato no es menor. Sin embargo, como toda decisión estructural, el impacto inmediato tuvo costos visibles. El incremento de las tarifas del transporte público volvió a revelar un patrón conocido: la presión agresiva y corporativa de los gremios, que, una vez más, lograron imponer alzas con efectos directos en el costo general de vida.
Ese impacto no es neutro. Cuando sube el transporte, sube toda la cadena de precios y el golpe recae con mayor fuerza sobre los sectores de menores ingresos. Aun así, la reacción social ha sido, en términos generales, de aceptación resignada pero consciente. La población parece haber comprendido que seguir postergando decisiones difíciles era la peor de las recetas posibles. No es la primera vez que la sociedad asume el costo de corregir errores acumulados por años de políticas insostenibles.
Ese comportamiento contrasta con las protestas “radicales” impulsadas por una dirigencia sindical profundamente desacreditada. La huelga general indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana ha tenido una convocatoria marginal, reflejo del desgaste de una cúpula que durante dos décadas cohabitó con el poder, legitimó excesos, silenció abusos y actuó de forma prebendal y corrupta. No resulta casual que antiguos dirigentes hoy compartan espacios carcelarios con exautoridades del Estado, mientras persiste un discurso anacrónico que ya no representa a la clase trabajadora.
El Gobierno ha sido firme en la defensa del decreto, lo que evidencia un mínimo sentido de responsabilidad frente a la magnitud del problema heredado. Sin embargo, esa firmeza no exonera de revisar observaciones legítimas. La llamada “vía rápida” para atraer inversiones privadas no puede traducirse en la vulneración de derechos consagrados en la Constitución Política del Estado. La consulta previa, libre e informada, las licencias ambientales y los estándares internacionales no son trámites administrativos, sino garantías fundamentales.
Existe un bloque de constitucionalidad y compromisos internacionales que el Estado boliviano está obligado a respetar. Ajustar el decreto para armonizarlo con ese marco no es una concesión política, sino un imperativo jurídico. Ignorar ese equilibrio no solo debilitaría la legitimidad de la norma, sino que abriría flancos innecesarios de conflictividad social y judicial.
Los efectos inmediatos del DS 5503 ya se sienten; los del mediano y largo plazo serán aún más complejos. El desafío para el gobierno de Rodrigo Paz es enorme, más aún en un escenario de debilidad legislativa y ausencia de una bancada sólida que respalde su plan de gobierno. Gobernar sin consenso es inviable. Dialogar para imponer es un error; dialogar para consensuar es una necesidad política y democrática.
En síntesis, el 2026 se aproxima con retos que la política puede y debe resolver. La razón debe prevalecer sobre la fuerza, el consenso sobre la imposición y el bien común sobre los intereses sectarios. Ese es el verdadero examen que deja, a once días, el Decreto Supremo 5503.
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