Hacia el año 2034, las proyecciones del INE anticipan una transformación profunda en la estructura etaria de Bolivia, lo que generará un impacto económico negativo. Si bien responde a tendencias globales, hay dos factores internos críticos: el empleo y la presión sobre el sistema de pensiones y salud.
El INE proyecta que Bolivia seguirá la tendencia regional de descenso en la fecundidad, situándose por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2,1 hijos por mujer). Se estima que para 2034 esta tasa alcanzará los 1,47, lo que implica que el número de fallecimientos superará al de nacimientos, iniciando un proceso de decrecimiento demográfico natural. Bajo esta tendencia, la población boliviana alcanzaría un tope aproximado de 12,75 millones antes de mediados de siglo.
Este cambio no solo implica un crecimiento poblacional mínimo —apenas 300.000 habitantes en diez años—, sino una mutación drástica en la pirámide social. Para 2034, el país dejará de ser predominantemente joven para volverse uno más maduro. Específicamente, habrá 600.000 escolares menos (una caída del 20%) y, en contrapartida, los mayores de 60 años aumentarán en 400.000 personas, un incremento superior al 33% respecto a la actualidad.
Las consecuencias en educación y salud son evidentes, pero el impacto económico será más profundo. Para 2040 aproximadamente, la fuerza laboral mermará: ingresarán menos personas al mercado laboral de las que se jubilan. Hace 20 años, el PNUD y el FMI señalaban que países como Bolivia, podrían aprovechar un “dividendo demográfico” debido a la juventud de su población, esperando que esta generación acumulara activos para financiar una jubilación prolongada ante la fragilidad de los sistemas previsionales.
Sin embargo, Bolivia ha desaprovechado nuevamente esta coyuntura. En las últimas dos décadas, el empleo creció principalmente en el sector estatal y el informal. Mientras el sector público crea poca riqueza, sus trabajadores aportan a la seguridad social. El sector informal, sin embargo, opera en la precariedad: aunque dinamiza el consumo, no tributa ni aporta al sistema, a pesar de que sus integrantes demandan servicios públicos hoy y exigirán una jubilación mañana.
Otros países que ya transitan este escenario demográfico han logrado suplir la menor fuerza laboral mediante incrementos sustanciales en la productividad. Esto se basó en mejoras cualitativas de su capital humano por medio de la educación y la modernización de su capital físico por medio de inversiones, además de apuntalar su sistema de pensiones para enfrentar la nueva realidad.
A la luz de las experiencias internacionales, la inversión privada y el fortalecimiento del sistema de pensiones surgen como las herramientas más eficaces para mitigar el cambio demográfico ya en marcha, especialmente considerando que las reformas educativas —si se implementaran— arrojan resultados de largo plazo. Atraer estos capitales nos sitúa en un entorno regional de alta competencia: en litio con Argentina y Chile; en minería con ambos países más Perú; y en hidrocarburos, nuevamente, con Argentina.
En lo macro, para competir por inversiones se requiere un diseño estratégico intersectorial elaborado por un equipo dedicado y convicción política para hacer aprobar la nueva legislación sectorial anunciada —ley de hidrocarburos, minería, litio etc.— cuyos contenidos aún se desconocen. En lo específico, resulta indispensable un tipo de cambio libre, variable y creíble, bajo el control de un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo.
En materia previsional, la gerencia de la Gestora Pública ha guardado silencio sobre la fragilidad del sistema: la cobrabilidad de su cartera, la valuación real de sus activos y la falta de transparencia sobre su pasivo actuarial que se rehúsa a determinar. Hasta ahora, la información ha ignorado enfrentar riesgos estructurales limitándose a detalles operativos del pago del bono PePe.
El desequilibrio entre las crecientes demandas de salud, educación y pensiones de casi toda la población y la limitada base de aportantes tiene su origen en una informalidad laboral que supera el 80%. A pesar del certero diagnóstico de la Fundación Milenio (2022) —que identifica impuestos elevados, desconfianza institucional, temor al fisco y burocracia como barreras—, Bolivia carece de un plan de acción concreto para enfrentar la informalidad laboral. El reto político actual no es seguir diagnosticando el problema, sino enfrentarlo.
El dividendo demográfico está por convertirse en otro “mar de gas”: una riqueza que se evaporó por ineptitud, autocomplacencia y la falta de visión estratégica. Sin embargo, el futuro económico de nuestra cambiante estructura demográfica todavía puede ser intervenido si la informalidad deja de ser aceptada como una válvula de escape social y se la entiende como un ancla que impide nuestro desarrollo.
Así se evitará que Bolivia se convierta en un país que envejeció y se pauperizó antes de aprender a ser próspero. La ventana hacia 2034 aún está entreabierta, pero las condiciones que la empujan no esperan a nadie y menos a gobernantes tibios.
* José Luis Contreras C. es economista