En los tiempos que discurren, la calidad de la representación política boliviana atraviesa una de sus etapas más frágiles y contradictorias justo cuando se avecina un nuevo proceso electoral que en marzo próximo desembocará en la elección de nuevas autoridades en gobernaciones y alcaldías municipales en el territorio nacional. En casi todas las democracias, con matices y contextos distintos, se observa una proliferación de candidaturas que no solo carecen de preparación técnica o experiencia pública, sino que además exhiben una alarmante pobreza conceptual, ética y programática. Esta tendencia no es casual ni inocua. Es el síntoma visible de un sistema político gravemente deteriorado y que ha ido perdiendo filtros, incentivos y exigencias mínimas para quienes aspiran a ejercer el poder público.
La política, entendida como una vocación de servicio y construcción de lo común, ha sido desplazada por una lógica de espectáculo, marketing y notoriedad instantánea. Hoy, la candidatura se presenta muchas veces como un atajo hacia la visibilidad personal, el beneficio económico o la revancha simbólica, más que como el resultado de una trayectoria, un proyecto colectivo o un compromiso sostenido con la sociedad. Redes sociales, consignas vacías y gestos grandilocuentes reemplazan al conocimiento, la deliberación y la responsabilidad.
Este fenómeno erosiona la confianza ciudadana de manera profunda. Cuando los votantes se enfrentan a ofertas electorales plagadas de improvisación, oportunismo o franca ignorancia de los asuntos públicos, el mensaje implícito es devastador. Cualquiera puede gobernar, nada importa demasiado y la política no requiere esfuerzo ni preparación. La consecuencia es un círculo vicioso de desafección, abstención y cinismo, en el que la baja calidad de la oferta refuerza la apatía, y la apatía, a su vez, facilita la irrupción de candidatos aún más precarios.
No se trata de idealizar elites ni de cerrar la política a nuevos actores sociales. La renovación es necesaria y saludable, pero no puede confundirse con la banalización. Representar implica comprender la complejidad del Estado, respetar las reglas democráticas, saber escuchar y tener la capacidad de tomar decisiones informadas en contextos adversos. La diversidad de orígenes no exime de la exigencia de competencia, integridad y vocación pública.
Los partidos políticos, debilitados y desacreditados, tienen una responsabilidad central en este deterioro. Al renunciar a la formación de cuadros, a la discusión programática y a la selección rigurosa de liderazgos, se convierten en meras plataformas electorales al servicio de ambiciones personales. Pero también la ciudadanía y los medios de comunicación participan de este proceso cuando premian el escándalo por sobre la propuesta y la consigna fácil por sobre el argumento sólido.
Recuperar la calidad de la representación política exige reconstruir una cultura democrática más exigente. Implica volver a valorar el conocimiento, la experiencia y la ética pública; fortalecer instituciones que ordenen y transparenten la competencia; y asumir que el voto no es un gesto de protesta impulsiva, sino un acto de responsabilidad colectiva. Sin este esfuerzo compartido, la política seguirá degradándose, y con ella, la capacidad de las democracias para ofrecer respuestas reales a los problemas que dicen querer resolver.
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