El episodio de la gasolina contaminada que dañó motores, válvulas y otros componentes de autos, buses y motocicletas en varios departamentos se convirtió en el primer gran tropiezo del nuevo Gobierno. Miles de propietarios vieron afectado su instrumento de trabajo, surgieron bloqueos de vías y se anunciaron acciones legales contra YPFB y la ANH. Lo que comenzó como un problema técnico terminó revelando fallas de gestión que la población ya no está dispuesta a tolerar.
El Ejecutivo lleva apenas tres meses y, en ese corto tiempo, logró aplicar una medida tan necesaria como dolorosa: el retiro del subsidio a los combustibles. La decisión, orientada a reducir el déficit fiscal y recomponer la economía, fue aceptada por la mayoría con realismo y sentido de responsabilidad. Pero nadie esperaba que, tras ese esfuerzo colectivo, el país tropezara con una gasolina “desestabilizada” que puso en evidencia ineficiencias, negligencias e incluso la posibilidad de sabotaje interno.
El Gobierno ha atribuido el problema a malas prácticas heredadas: almacenamiento de combustibles en tanques que antes contenían crudo, falta de inversión en refinerías y una logística deficiente que obliga a operar con apenas 30% de la capacidad instalada, incrementando la dependencia de importaciones. También anunció la destitución de funcionarios y la apertura de investigaciones en YPFB. Todo ello puede ser cierto, pero el argumento empieza a agotarse. Tres meses son suficientes para tomar el control y evitar que errores del pasado sigan golpeando el presente.
La reacción ciudadana fue comprensible. Para muchos transportistas y familias, el vehículo es la principal herramienta de sustento, y la reparación de motores cubiertos de carbonilla significó gastar cientos, cuando no miles de bolivianos. El malestar no es solo económico: es también político. La gente empieza a exigir resultados tangibles y una gestión eficiente de las empresas estatales. La paciencia social tiene límites.
En ese contexto, fue acertado que el Gobierno anunciara la activación de un seguro para resarcir los daños mediante certificaciones de talleres autorizados. No habrá compensaciones en efectivo, sino reparaciones verificadas, un mecanismo razonable para evitar abusos. Sin embargo, el desafío operativo será enorme: los afectados parecen ser muchos más de lo que inicialmente se calculó y el proceso de validación exigirá transparencia y celeridad para no convertirse en una nueva fuente de frustración.
Este episodio debe marcar un punto de inflexión. Ya no es tiempo de diagnósticos ni de repartir culpas. El propio Gobierno ha reconocido problemas estructurales en toda la cadena de abastecimiento: refinación limitada, controles de calidad insuficientes, logística precaria y una débil supervisión técnica. Lo que corresponde ahora es un plan integral que incluya mejoras en procesos, inversiones urgentes, auditorías independientes y reglas claras para garantizar que el combustible que llega al consumidor cumpla estándares confiables.
La credibilidad de la nueva administración se juega en su capacidad de resolver problemas concretos. Haber avanzado en la estabilización macroeconómica es importante, pero la vida cotidiana se mide en hechos: un motor que funciona, un transporte que no falla, un Estado que responde. La luna de miel se termina; empieza la etapa de la gestión. Y en ella no hay excusas que valgan.