“Bolivia se abre al mundo y el mundo mira a Bolivia”, afirmó el presidente Rodrigo Paz en los primeros días de su gestión. La frase es luminosa, inspiradora y necesaria; pero también contiene una advertencia implícita: ninguna apertura internacional es sostenible si no está respaldada por una política exterior seria, profesional y capaz de representar al país con solvencia. Abrirse al mundo exige mucho más que voluntad política; exige instituciones, memoria histórica, técnica diplomática y un cuerpo profesional que sepa navegar los intereses y tensiones de un planeta en cambio permanente.
Durante casi dos décadas, el servicio exterior boliviano sufrió una erosión silenciosa pero profunda. El MAS convirtió varias embajadas y consulados en destinos políticos, donde la afinidad ideológica pesó más que la experiencia, la formación o la carrera diplomática. Funcionarios especializados -con trayectoria, estudios rigurosos y conocimiento acumulado- fueron relegados, hostigados o simplemente desplazados para dar paso a operadores sin comprensión suficiente de la complejidad geopolítica. Se confundió militancia con representación del Estado y se debilitó una institución cuya fortaleza demanda continuidad, disciplina y profesionalismo.
El canciller Fernando Aramayo ha iniciado su gestión posesionando a personas provenientes del ámbito privado en viceministerios estratégicos. Es, por supuesto, una prerrogativa legítima y no exenta de potencial. La incorporación de miradas nuevas puede aportar dinamismo y modernización. Sin embargo, la diplomacia es un campo que demanda experiencia acumulada, comprensión histórica y manejo de los códigos propios de la política exterior. La Cancillería no es solo un espacio administrativo; es la instancia donde se articulan la memoria diplomática, las relaciones regionales y la defensa técnica de los intereses del Estado, por lo que cualquier renovación debe equilibrarse con la solidez que brinda la carrera profesional.
Hoy, cuando el país vuelve a plantearse su inserción internacional, la reconstrucción del servicio exterior no es una opción, es un imperativo. Si el Gobierno quiere que el mundo vuelva a mirar a Bolivia con respeto, debe recuperar sin demora las capacidades internas de la Cancillería. Y eso comienza por devolverles a los diplomáticos de carrera el lugar del que nunca debieron ser desplazados. Ellos conocen la maquinaria institucional, las dinámicas regionales, los lenguajes diplomáticos, los procesos multilaterales y los equilibrios en los que se juega, muchas veces en silencio, la defensa de los intereses nacionales. Un país pequeño no puede actuar como potencia improvisada; su principal herramienta es justamente la calidad profesional de su servicio exterior.
Restituir esa calidad no implica cerrar la puerta al talento externo, pero sí exige priorizar la meritocracia real, la especialización y la continuidad estratégica. La política exterior es una curva larga. Los resultados no se ven en meses, sino en años. Requiere estabilidad, previsibilidad y una visión que trascienda coyunturas políticas. Y, sobre todo, un equipo capaz de sostenerla sin vaivenes partidarios.
La decisión está en manos del Gobierno. Abrirse al mundo no basta, hay que hacerlo con solvencia, con profesionalismo y con la certeza de que quienes representen al país lo hagan desde el conocimiento y no desde la improvisación. La Cancillería debe ser un pilar del Estado, no un botín de ninguna fuerza política. Si Bolivia quiere realmente mirar al futuro, el retorno de los diplomáticos de carrera no es un gesto simbólico, es la condición indispensable para volver a estar, de verdad, en el mapa del mundo.
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