Devolución de aportes de las AFP

Las cámaras legislativas están en proceso de aprobación de un proyecto de ley que permitirá la devolución, bajo diferentes modalidades, de aportes que hicieron trabajadores a las administradoras de fondos de pensiones. Se trata de una medida que si bien no es ideal, porque reducirá los ahorros para las jubilaciones, resulta oportuna dadas las condiciones de aguda crisis en que se encuentran varios sectores de la población desfavorecidos por la pérdida de empleos y de ingresos debido a la pandemia.

Por lo que se sabe hasta ahora, la ley permitirá a los aportantes que cuenten con menos de 100 mil bolivianos, retirar el 15 por ciento de sus aportes. Las personas que tengan más de 100 mil bolivianos y se encuentren desempleados, podrán retirar hasta Bs 15.000.

Se prevé también que los aportantes mayores de 50 años que tengan hasta Bs 10.000 tendrán la posibilidad de retirar la totalidad de sus aportes de las AFP.

En todos los casos, la ley beneficiará únicamente a las personas que actualmente no tienen empleo. No podrán beneficiarse personas empleadas o quienes hubieran accedido a una pensión de vejez, solidaria de vejez, pago por invalidez o beneficio del Sistema Integral de Pensiones.

Hasta ahí, hay que destacar como positiva la iniciativa y la decisión de devolver parte de los aportes a las personas que se encuentran en condiciones angustiantes por la falta de ingresos.

Sin embargo, aun está en debate un polémico punto que defienden diputados del Movimiento al Socialismo, por el que se intenta excluir de estos beneficios a trabajadores que hubieran aportado desde diciembre de 2019 como dependientes del sector público, es decir, directamente las personas que hubieran trabajado durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez.

Desde donde se mire, esa sería una decisión discriminatoria, absurda e indefendible en un Estado que proclama la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos, sin distinción de clase, raza o color político. Ojalá prevalezca la sensatez, el sentido común y finalmente el cumplimiento de las leyes en los parlamentarios para no cometer una estupidez de esa proporción si decidieran excluir a desempleados que trabajaron en el gobierno de transición.

En general, la devolución parcial de aportes ha sido recibida con beneplácito por los futuros beneficiados y las dirigencias de los pensionistas. Sin embargo, lamentan que no se hubiera podido incluir en la norma la otorgación de créditos a los aportantes que ya reciben una jubilación, el mismo que reclaman como una promesa electoral del presidente Luis Arce cuando era candidato.

Se estima que con la ley, más de 1,4 millón de personas se beneficiarán de la devolución de aportes. Naturalmente, la medida será de beneficio inmediato a los aportantes, y se espera que se cumpla el carácter excepcional de la norma. Sería poco aconsejable que de acá a un tiempo se exija una nueva devolución. Pero conociendo al país y su gente, es probable que pronto la Asamblea esté considerando una segunda medida similar.

Algo así ocurrió en Chile, donde el Congreso de ese país comenzó a discutir en estos días tres proyectos para autorizar un cuarto retiro anticipado de los fondos de pensiones privados. Uno de esos proyectos pone un límite de retiro de pensiones hasta un 10 por ciento, como ocurrió con los tres primeros antecedentes, y dos proyectos proponen retirar la totalidad de los montos acumulados por los trabajadores en las AFP. Nada menos.