Ayer, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumplió un año de detención preventiva en el penal de Chonchocoro. Su caso, marcado por aberraciones jurídicas y violaciones a los derechos humanos desde el momento de su arresto, es solo uno de varios casos preocupantes en Bolivia. Personalidades como la expresidenta Jeanine Áñez, el exlíder cívico Marco Pumari, el exdirigente cocalero César Apaza y más de 200 presos políticos enfrentan la misma situación sin condena.
Las irregularidades y vulneraciones jurídicas en estos casos son evidentes, revelando un sistema judicial que parece doblegarse a las directrices del gobierno del MAS. La falta de independencia en la Policía, el Ministerio Público y los juzgados es alarmante y plantea serias interrogantes sobre el estado de la justicia.
La detención preventiva, originalmente concebida como medida temporal y excepcional, se ha convertido en una suerte de sentencia anticipada. Se ha abusado de esta figura, utilizando delitos vagos como ‘terrorismo’, ‘incumplimiento de deberes’ y ‘resoluciones contrarias a la Constitución’ para encarcelar a opositores. Incluso los organismos internacionales de derechos humanos desaconsejan el uso de estas figuras ambiguas.
Pero, además, cualquier artimaña jurídica puede ser empleada para prolongar la detención. En el caso de Camacho, ya son seis detenciones preventivas que se han dictado en su contra para mantenerlo en la cárcel.
La justificación de la detención preventiva requiere también la existencia de riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia. En los casos mencionados, la falta de riesgo de fuga, dado su arraigo familiar, laboral y social, y la incapacidad para obstaculizar investigaciones demuestran la carencia de fundamento para su detención.
Otro elemento que justifica el encarcelamiento se presenta cuando hay supuestas víctimas que se verían amenazadas si el imputado quedara en libertad. En los casos citados, la supuesta protección a víctimas o a la sociedad también se desvanece al considerar que estas personalidades no representan amenazas. Resulta irónico que sean vistos como tal, mientras delincuentes peligrosos a menudo quedan en libertad en Bolivia.
Los jueces que han dispuesto la detención preventiva son responsables en gran medida de la vergonzosa situación en la que se encuentra la justicia boliviana, porque son ellos los que deben garantizar el respeto a los principios del debido proceso de los detenidos, y no lo están haciendo. De hecho, los derechos de los imputados han sido ignorados, desde la interferencia en su legítima defensa hasta problemas de accesibilidad a audiencias.
La justicia y el régimen que la manipula han demostrado, además, una absoluta falta de sensibilidad hacia los detenidos cuya salud se ha visto seriamente deteriorada durante su encierro. El haberles negado la atención médica oportuna y de calidad ya raya en la crueldad. Este maltrato lo ha sufrido Camacho, quien ha perdido peso corporal y luce demacrado, según se ha podido ver en las imágenes que se han mostrado desde la cárcel. Similares situaciones han sufrido la expresidenta Áñez y el líder cocalero Apaza. Otros presos políticos han perdido la vida en el penal, sin que las autoridades hayan tomado acciones para frenar el evidente deterioro de su salud.
Es lamentable que la detención preventiva se haya convertido en una pena anticipada para aquellos que piensan diferente. La justicia boliviana, lejos de garantizar los derechos básicos, parece haber perdido su capacidad de actuar de manera imparcial y justa. Si así lo hace frente a figuras notables, como los presos políticos, también lo puede hacer frente al ciudadano común.
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