Al menos seis ministros de Estado han sido destituidos por denuncias de irregularidades en el desempeño de sus funciones. Tres altos jefes policiales han sido detenidos y acusados de estar vinculados al narcotráfico. Un oficial fue detenido cuando ayudaba al segundo hombre del peligroso Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil a gestionar un documento de identidad falso. Y antes, Bolivia soportó un millonario desfalco en el Fondo Indígena; la ex novia de Evo Morales fue acusada por actos reñidos con la ley. ¿Qué más evidencia de que la corrupción ha corroído las instituciones del Estado?
Para quien no quiera verlo ni admitirlo, la organización
orld Justice Project (WJP) dio a conocer un informe en el que se cataloga a Bolivia como el país más corrupto de Latinoamérica y El Caribe. Ocupa el puesto 141 de un total de 142 países. En la pesquisa respecto a ausencia de corrupción se midieron cuatro factores: que los funcionarios del Ejecutivo no utilicen el cargo para fines privados, que los funcionarios del poder judicial eviten el uso indebido del cargo para beneficio personal, que la Policía y las Fuerzas Armadas no aprovechen su posición para obtener ventajas privadas, y que el Legislativo no se beneficien personalmente del cargo.
La peor calificación es para la justicia, donde Bolivia ocupa el puesto 140 de 142 países medidos; después se señala a la Policía y Fuerzas Armadas para terminar en el Legislativo. Que el sistema judicial está en la lona es una verdad que todos reconocen y, para muestra un botón, en este preciso momento hay altas autoridades de ese poder del Estado y un exministro que están siendo procesados y acusados de formar una red de manipulación de la justicia. ¿Es de ahora? De ninguna manera. Hay ejemplos de sobra, como por ejemplo el del caso Ostreicher que develó la vinculación de funcionarios estatales involucrados en malas acciones respecto a las tierras de este ciudadano estadounidense.
Lamentablemente, la corrupción no es solo de este gobierno, es un mecanismo que funciona a la perfección para quienes se benefician de él. Hay momentos en que el tema tiene más flashes, que están vinculados a los escándalos del momento, pero ¿cuántos momentos más tiene que soportar la ciudadanía para terminar con este cáncer que carcome?
Y, aunque el Gobierno desmienta el informe que pone a Bolivia en el peor lugar a nivel de América Latina y el Caribe, la ministra de Justicia no esconde que en este momento hay 900 casos investigados de corrupción y que en el primer semestre hubo 50 sentencias judiciales en la materia. Y eso que no todas las irregularidades llegan a ser denunciadas y menos a darse a conocer públicamente.
Hay infinidad de denuncias y procesos que tienen que ver con tráfico de influencias, colusión de funcionarios con el crimen organizado, demanda de coimas para hacer trámites o tener contratos con el Estado, entre muchas otras situaciones a las que no debemos acostumbrarnos pensando que así nomás es.
Quizás por eso la corrupción es identificada como el principal problema al que se enfrenta Bolivia. Quizás las preocupaciones económicas también están vinculadas a este problema en el que no se ve solución alguna.
Las instituciones del Estado, que deberían tener a funcionarios elegidos de ternas en la Asamblea Legislativa, están lideradas por personal puesto a dedo. El funcionamiento de entidades que deberían resguardar la propiedad agraria es puesto en duda permanentemente, favoreciendo a toma tierras y especuladores de los bienes rurales porque en estas prevalece el clientelismo y no la racionalidad ni el cuidado de los recursos naturales.
La percepción de la corrupción es un factor determinante para la desconfianza ciudadana en sus instituciones y en sus gobernantes. No es mentira la conversación cotidiana que habla de que un ciudadano se siente indefenso frente a abusos de policías, jueces, etc.
Entonces no es necesario que una organización extranjera de la sociedad civil diga a los bolivianos que este país está entre los más corruptos de la región, porque las personas lo saben y padecen cada día.
Lo que no puede suceder es que esta realidad que nos golpea sea normalizada y que se piense que hay que ceder a los pedidos de coima para que las cosas funcionen. El mecanismo debe ser cortado de raíz y se tiene que investigar a fondo para dar la mayor sanción a los corruptos, sean del nivel que sean en el manejo de la cosa pública.
Hay quienes dicen que, si en Bolivia no hubiera tanta corrupción, habría dinero para salir de la crisis. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?
A estas alturas urge una revolución ética en el país. Que los corruptos sean sancionados y extirpados del sistema, pero a la vez que los ciudadanos no recurran a corromper a cambio de celeridad en los trámites. Es preciso educar, digitalizar el aparato del Estado en todos sus niveles y no bajar la guardia en ningún momento.
Sin duda, el dragón de la corrupción es uno de los principales retos a resolver por quién sea elegido presidente en las próximas elecciones. ¿Podrá esa voluntad más que el clientelismo y el mecanismo instalado en el Estado?